El gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia enfrentará un panorama financiero extremadamente restrictivo, marcado por una liquidez en niveles críticos y un gasto en intereses que asfixia las cuentas nacionales.
A este escenario se suma una billonaria herencia en materia de contratación, pues según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026, las autorizaciones de gasto respaldadas con vigencias futuras alcanzan los $255,3 billones, una cifra que limita la capacidad de la administración entrante para iniciar nuevos proyectos.
Las vigencias futuras son una herramienta de planificación presupuestal que permite al Estado comprometer hoy recursos que se pagarán en años posteriores. Son indispensables sobre todo para obras de infraestructura de largo aliento que no pueden ejecutarse en un solo periodo presidencial, garantizando la continuidad de los contratos más allá de los cambios de mando.
Sin embargo, el problema radica en que el 77,4 % de este saldo ya se encuentra comprometido, lo que convierte a la inversión pública en otro componente rígido del presupuesto.
La destinación de las vigencias futuras
El MFMP revela un cambio en la deuda de inversión que se cubrirá con vigencias futuras. Mientras que en años anteriores las Asociaciones Público-Privadas (APP) tenían un papel protagónico, el incremento actual se concentra en las vigencias futuras excepcionales, que ahora representan el 62,9 % del saldo total ($160,6 billones).
Estas vigencias, destinadas a sectores como infraestructura, defensa y energía, tienen la particularidad de que no requieren una apropiación presupuestal en el año en que se autorizan, facilitando la contratación de megaproyectos, pero trasladando el grueso del costo a gobiernos futuros.
Bancolombia señaló en su análisis que este exceso de compromisos reduce el margen para incorporar nuevas iniciativas. Mateo Andrés Rivera, especialista en construcción e infraestructura de la entidad, destacó que, si bien el sector transporte lidera con el 74,8 % de las vigencias futuras, ahora debe competir con necesidades crecientes en defensa, educación y seguridad social.
Rivera advirtió que el próximo gobierno deberá ser mucho más selectivo, priorizando «proyectos más maduros y realmente banqueables» ante cupos cada vez más acotados.
Esta restricción es especialmente grave si se tiene en cuenta que la disponibilidad de caja proyectada al cierre de 2026 es de apenas $7,1 billones, el segundo nivel más bajo en dos décadas. Simultáneamente, el pago de intereses de la deuda pública escalará hasta el 3,9 % del PIB en 2027, absorbiendo recursos que tradicionalmente se destinaban a la inversión social.
El debate sobre el uso y abuso del mecanismo
La magnitud de estos compromisos ha generado un intenso debate técnico y jurídico. Colombia Compra Eficiente defendió en un concepto que las vigencias futuras son instrumentos legítimos para armonizar la disciplina fiscal con la ejecución de contratos que trascienden una vigencia anual.
En esta línea, el abogado Andrés Julián Peralta Rodríguez sostiene que la planeación presupuestal debe prevalecer para garantizar la continuidad estatal.
No obstante, las críticas son severas. El experto tributario Santiago Villegas señala que el argumento oficial de que las vigencias futuras son una forma de «financiación» es erróneo: «Es lo contrario a dejar caja: es dejar el gasto amarrado sin cómo pagarlo».
Por su parte, Daniel Gómez Gaviria, ex subdirector del DNP, propuso prohibir las declaratorias de importancia estratégica en los últimos seis meses de mandato para evitar que se «amarren» recursos de forma irresponsable y se perjudique la autonomía del gobierno entrante.
Los proyectos que amaran las vigencias futuras
El grueso de las vigencias futuras financiará proyectos estratégicos que el país ya tiene en marcha o bajo contrato.
En el caso del transporte ($190,9 billones), figuran, por ejemplo, la Primera Línea del Metro de Bogotá y su movilidad regional, la variante El Estanquillo-Popayán, el Tren Zipaquirá-Bogotá y el Regiotram de Occidente.
Otro sector de alta asignación es el de defensa y Policía ($29 billones), donde se incluye el millonario programa de renovación de la flota de aeronaves de combate (Proyecto Gripen), con pagos proyectados de casi $3 billones anuales entre 2027 y 2030.
Finalmente, educación ($12,7 billones) y minas y energía ($7,2 billones) también lideran en el ranking dado que han ganado peso en la repartición de estos compromisos futuros.
El próximo mandatario no solo recibirá una caja casi vacía sino además un plan de gastos donde el 67 % del saldo de las vigencias futuras deberá pagarse antes de 2034, dejando poco espacio para las promesas de campaña y los nuevos proyectos de desarrollo.
