La ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, comenzó la construcción de la hoja de ruta que implementará el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.
Sus tareas principales son destrabar los principales proyectos de infraestructura del país, recuperar la confianza del sector y acelerar las obras estratégicas.
Durante esta semana, la funcionaria desarrolló una agenda técnica e institucional con representantes del sector público, gremios y organismos internacionales para conocer el estado real de las obras, identificar los principales cuellos de botella y definir las prioridades de la nueva administración.
Como parte de la agenda, Noguera sostuvo reuniones con el embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson; directivos de la Contraloría General de la República; la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), María Consuelo Araújo; la junta directiva del gremio y representantes de las principales organizaciones del transporte terrestre.
Entre los asistentes estuvieron delegados de Asociación Colombiana de Camioneros, Colfecar, Fedetranscarga, Fedetranscol, Fencarga, Patranscol, Acoltés, Aditt, Asotrans y el Consejo Superior del Transporte.
Durante los encuentros se revisó el estado de los proyectos de infraestructura vial, férrea, aeroportuaria y logística, además de las principales alertas sobre obras estratégicas y la necesidad de consolidar el Plan Maestro de Transporte Intermodal como una política de Estado.
Los gremios también expusieron las principales dificultades que enfrenta el sector, entre ellas la inseguridad en las carreteras, los bloqueos, la extorsión, la quema de vehículos, la excesiva carga de trámites y la pérdida de competitividad.
La ministra designada aseguró que el gobierno entrante buscará recuperar la confianza de los inversionistas y transportadores mediante el destrabe de proyectos paralizados, la agilización de los procesos administrativos y el fortalecimiento de la seguridad en los corredores logísticos.
Según explicó, el objetivo es convertir la infraestructura en uno de los principales motores del crecimiento económico, la generación de empleo, la conectividad regional y el desarrollo del país durante los próximos cuatro años.




