La discusión alrededor de Canacol Energy dio un nuevo giro: aunque la solicitud presentada ante la Superintendencia de Sociedades para reconocer en Colombia las órdenes de la Corte de Alberta (Canadá) que autorizan la terminación de varios contratos de suministro y transporte de gas ya era conocida dentro del proceso de reorganización de la compañía, ahora el impacto de esa decisión podría incrementar los precios del gas para el sector industrial.
El expediente radicado ante la Superintendencia revela que, una vez terminados los contratos actuales, las empresas que hoy compran gas bajo esas condiciones tendrían que renegociar nuevos acuerdos en un mercado donde los precios son significativamente más altos que los pactados años atrás.
La propia Canacol argumentó ante las autoridades que varios de los contratos de suministro para clientes comerciales y demanda no esencial fueron firmados bajo condiciones de producción y precios que ya no reflejan la realidad del mercado. Según la empresa, esos contratos mantienen valores considerablemente inferiores a las referencias actuales, lo que limita la viabilidad financiera de la compañía y dificulta atraer inversionistas dentro del proceso de reorganización.
Esto implica que, de concretarse la terminación de los contratos, industrias como las del sector manufacturero, minero y otros grandes consumidores de gas natural tendrían que negociar nuevos precios, previsiblemente más altos, lo que podría traducirse en mayores costos energéticos para buena parte del aparato productivo colombiano.
El impacto, sin embargo, no sería igual para todos los consumidores.
Hogares no tendrían incrementos en el precio del gas
Uno de los puntos que Canacol enfatizó en su solicitud es que los usuarios regulados —como hogares y pequeños comercios— no deberían verse afectados por incrementos en las tarifas.
De hecho, la Corte de Alberta condicionó la autorización para terminar los contratos a que cualquier nuevo acuerdo relacionado con la demanda esencial conserve las mismas condiciones económicas vigentes para estos usuarios.
En ese mismo sentido, Canacol explicó que rechazó una propuesta presentada por Cerro Matoso que buscaba incrementar de forma uniforme en US$1,50 por millón de BTU (MMBtu) el precio de todos los contratos, precisamente porque ese ajuste habría terminado trasladándose a los consumidores regulados.
La terminación de contratos era parte del proceso de reorganización
La solicitud elevada ante la Superintendencia de Sociedades busca que Colombia reconozca las órdenes emitidas por la Corte de Alberta, las cuales autorizan la terminación de cinco grupos de contratos: suministro de gas para usuarios regulados, suministro para clientes comerciales, contratos mixtos, contratos de transporte con Promigas y contratos de transporte de gas natural licuado con Canaven.
Según la compañía, este paso resulta indispensable para avanzar en su proceso de reestructuración financiera.
Canacol sostiene que enfrenta un deterioro en su situación económica debido a la disminución natural de la producción de algunos campos, retrasos operativos y una menor incorporación de nuevas reservas, circunstancias que han reducido su capacidad para cumplir simultáneamente con las entregas de gas y las obligaciones derivadas de los contratos de transporte.
Como resultado, la empresa asegura haber acumulado penalidades por incumplimientos, mayores costos de transporte y menores ingresos, factores que la llevaron a acogerse al proceso de insolvencia en Canadá.
Renegociar los contratos es clave para la continuidad de Canacol
El expediente también señala que, antes de solicitar la terminación de los contratos, la compañía intentó durante varias semanas renegociar las condiciones comerciales con sus contrapartes, siguiendo incluso una recomendación de la Corte canadiense.
Sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen término, por lo que el tribunal concluyó que autorizar la terminación de los contratos era la única vía para facilitar una nueva negociación y preservar la continuidad de la empresa.
Canacol advirtió además que, si las órdenes judiciales no son reconocidas en Colombia, será mucho más complejo concretar la llegada de nuevos inversionistas o una eventual venta de la compañía dentro del proceso de reorganización.
La empresa también informó que los financiadores del proceso de insolvencia tienen comprometidos cerca de US$500 millones, de los cuales ya desembolsaron US$60 millones y podrían aportar un monto similar adicional si la compañía logra demostrar su viabilidad financiera tras la renegociación de sus contratos.
