El director de la DIAN, Carlos Betancourt, destacó que Colombia ha mostrado un balance positivo en la base de contribuyentes en los últimos cuatro años, pues el número de declarantes de renta pasó de 477.000 en 2021 a 600.000 para finales de 2025.
En entrevista con Caracol Radio, Betancourt atribuyó este incremento a un proceso de movilidad social, debido a que un sector de la población salió de la pobreza hacia la clase media, aumentando así sus ingresos. También habló de una acción más efectiva por parte de la DIAN.
Como consecuencia de esta gestión, el recaudo neto como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) pasó de un 14,4 % en 2022 al 14,6 % en 2025 y se proyecta que el gobierno entregue la cifra en niveles cercanos al 15 %.
No obstante, el director insistió en que, para que el ajuste fiscal que necesita el país sea sostenible, el próximo gobierno deberá decidir quién asumirá el costo de la tributación bajo un esquema que, según su visión, debería ser progresivo, lo cual se debe hacer a través de una nueva reforma tributaria.
Por ello, el Ministerio de Hacienda radicó una propuesta de proyecto de ley el pasado 20 de julio, a pesar de que la nueva administración tomará posesión en un poco más de dos semanas.
Para el director de la DIAN, el país requiere un ajuste fiscal que no puede recaer únicamente en el recorte del gasto, sino que debe fortalecer el ingreso para financiar adecuadamente el gasto público, dado que los ingresos públicos son bajos en comparación con el ingreso per cápita del país.
“La obligación de cualquier gobierno y de este Gobierno, así sea saliendo, es hacer esa propuesta de tributación dentro del contexto de un ajuste fiscal que sea sostenible. Se planteó al Congreso para que lo discuta y ya veremos que qué sucede. El partido se acaba hasta que se acaba”, dijo.
Betancourt recordó además que el gobierno de Gustavo Petro ha sido el primero en la historia de Colombia al que no le han pasado una reforma tributaria completa.
El director explicó que las propuestas han enfrentado fuertes restricciones en el Legislativo, resultando en textos recortados por el Congreso o posteriormente por la Corte, además de decretos de emergencia y leyes de financiamiento que no prosperaron.
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