El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó ejecutar una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para combatir el hurto sistemático de combustibles y crudo en el país, que le está costando más de medio billón de pesos al año a Ecopetrol.
De acuerdo con el mandatario, se trata de una actividad ilícita que estaría conectada directamente con el financiamiento de las cadenas del narcotráfico.
La directriz se da tras conocerse que mensualmente son sustraídos cerca de 123.700 barriles de productos refinados —como gasolina, diésel y nafta—, los cuales son importados o producidos por Ecopetrol.
Este fenómeno se concentra principalmente en un poliducto de 14 pulgadas que comunica a Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del territorio nacional, afectando a los departamentos de Magdalena y Cesar.
De sostenerse el actual volumen de robo, las proyecciones indican que las pérdidas acumuladas superarían los 1,5 millones de barriles anuales, equivalente a más de medio billón de pesos para Ecopetrol.
Conexión con el narcotráfico y redes logísticas afectan a Ecopetrol
El presidente también advirtió que los hidrocarburos sustraídos están siendo utilizados como insumos químicos para el procesamiento ilícito de cocaína. Para lograrlo, denunció que las mafias operan mediante caravanas, las cuales movilizan hasta 600 vehículos escoltados con destino a zonas como el Catatumbo.
«Si confirmamos que gran parte de este combustible está alimentando los complejos de producción de cocaína, entonces no estamos solamente frente a un gigantesco robo a Ecopetrol: estamos frente a una cadena criminal que puede estar conectando el hurto de hidrocarburos con el narcotráfico y la financiación de organizaciones armadas terroristas», dijo.
Con esto en mente, el Gobierno De la Espriella exigió una articulación institucional que involucre a Ecopetrol, la Fiscalía General de la Nación y las demás entidades competentes.
«No quiero que persigamos solamente al que perfora el tubo. Hay que desmantelar toda la cadena: quién financia, quién hurta, quién almacena, quién transporta, quién escolta, quién compra y quién comercializa».
La orden contempla el uso de labores de inteligencia, control territorial continuo y operaciones sostenidas orientadas a la judicialización de los responsables. Asimismo, solicitó la aplicación de procesos de extinción de dominio sobre todos los bienes muebles e inmuebles, incluidos predios, depósitos y la flota vehicular empleada en la movilización del combustible robado.
«Señor Ministro: coordine personalmente esta operación. Quiero resultados y un informe periódico de avances», escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.
