El uso del celular en los colegios se ha convertido en uno de esos debates que dividen opiniones entre estudiantes, padres, docentes y directivos. Mientras para algunas familias el teléfono es una herramienta de comunicación y seguridad, en las aulas también existe preocupación por las distracciones, la pérdida de concentración y el impacto que puede tener el uso permanente de pantallas.
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Ese debate entró en una nueva etapa con la Resolución 20260905 “(Re)conectarnos para aprender”, mediante la cual Bogotá estableció reglas para el uso de celulares y otros dispositivos con pantalla en colegios oficiales y privados de la ciudad. La medida fue construida después de un proceso de participación en el que intervinieron más de 98.000 personas.
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La discusión, sin embargo, no termina con establecer límites. La Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO) considera que el principal desafío ahora será la manera en que los colegios implementen las nuevas reglas, especialmente para evitar que la regulación termine afectando a estudiantes que necesitan estos dispositivos por razones de salud, discapacidad o accesibilidad.
¿Qué cambiará con las nuevas reglas sobre uso de celulares en colegios?
La resolución establece como regla general que los celulares no podrán utilizarse durante la jornada escolar, tanto en las clases como durante los descansos. Los dispositivos deberán permanecer guardados, en silencio y fuera de la vista de los estudiantes. La medida aplica a los miembros de la comunidad educativa de colegios oficiales y privados que ofrecen educación inicial, básica y media.
Esto no significa que la tecnología desaparezca de las aulas. La normativa contempla, por ejemplo, que desde octavo grado los celulares puedan utilizarse con fines pedagógicos cuando exista una actividad previamente definida, orientada por el docente y relacionada con objetivos de aprendizaje. Ningún estudiante, además, estará obligado a llevar un celular propio para participar en actividades académicas.
También existen excepciones. La regulación contempla situaciones relacionadas con salud, emergencias, educación inclusiva, accesibilidad y ajustes razonables para estudiantes con discapacidad. Estas excepciones buscan evitar que la restricción se convierta en una barrera para quienes utilizan un dispositivo como herramienta de apoyo.
La regulación también establece límites para otros dispositivos con pantalla, como computadores y tabletas, dependiendo de la edad. En educación inicial se priorizan actividades sin pantallas; en primaria se establece hasta una hora acumulada de exposición pedagógica, mientras que para sexto y séptimo el límite llega a dos horas. En octavo a undécimo no se fija un límite de tiempo para el uso pedagógico, siempre bajo criterios establecidos por el colegio.
Uno de los próximos pasos será responsabilidad directa de cada institución educativa. Los colegios tendrán seis meses para actualizar su Manual de Convivencia o Pacto de Corresponsabilidad y definir, de manera participativa y teniendo en cuenta su propio contexto, cómo aplicarán las nuevas disposiciones. La Secretaría de Educación acompañará este proceso.
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Precisamente, este periodo es el que la IBERO considera fundamental. La institución sostiene que la discusión no debería limitarse a determinar si los celulares deben estar permitidos o prohibidos, sino a establecer cómo enseñar a los estudiantes a utilizarlos de manera responsable.
“La tecnología no es el enemigo del aprendizaje; el problema es el uso sin propósito. Bogotá dio un paso necesario, pero una regla sola no educa. Nuestro llamado es a que estos seis meses no se usen para redactar una prohibición, sino para diseñar una pedagogía que permita enseñarles a los estudiantes a decidir cuándo, para qué y con qué límites usar una pantalla”, afirmó Leidi Zamudio, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la IBERO.
Para la institución educativa, uno de los principales retos estará en aplicar correctamente las excepciones previstas para estudiantes con discapacidad, necesidades de salud o requerimientos de accesibilidad.
La resolución contempla precisamente excepciones por salud, discapacidad y ajustes razonables articulados con el PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables. La IBERO advierte que su aplicación será determinante para que la restricción del uso de celulares no termine afectando a estudiantes para quienes el dispositivo representa una herramienta de inclusión.
La preocupación también está relacionada con la formación de los docentes. La IBERO plantea que no bastará con establecer una regla si profesores y directivos no cuentan con herramientas para acompañar a los estudiantes en el desarrollo de hábitos digitales.
En esa línea, la institución destaca el Decreto 0769 de 2026, que reglamenta la Ley 2489 de 2025 y establece un esquema de corresponsabilidad entre Estado, plataformas, colegios y familias. Para la IBERO, ese principio debería traducirse en formación concreta y no solamente en nuevas obligaciones.
¿Qué papel tendrán los padres de familia en el uso del celular?
La nueva regulación también lleva la discusión fuera de los colegios. Bogotá plantea que las familias tienen un papel fundamental en la construcción de hábitos digitales saludables, por lo que los colegios y la Secretaría de Educación promoverán orientaciones a través de las Escuelas de Padres, Madres de Familia y Cuidadores. Allí se abordarán temas como el uso responsable de celulares y pantallas y la definición de límites en el hogar.
Para la IBERO, este punto será determinante. Su análisis advierte que limitar el uso del celular durante aproximadamente seis horas de jornada escolar puede tener un efecto limitado si en casa no existen acuerdos sobre el uso de estos dispositivos: “Sobre todo, a hacerlo sin dejar por fuera a quienes más nos necesitan: los estudiantes con discapacidad y aquellos para quienes un dispositivo es una herramienta de inclusión, no de distracción”, señaló Zamudio.
La Secretaría de Educación señala que la política busca proteger los tiempos destinados al aprendizaje, el descanso y la convivencia. La resolución fue construida a partir de un proceso participativo que involucró a más de 98.000 integrantes de la comunidad educativa.
Durante ese proceso, la Secretaría encontró que el 87 % de los estudiantes consultados tenía celular propio desde los 10 años y que el 82 % de los docentes observaba que los estudiantes utilizaban los dispositivos durante las clases para jugar u otras actividades. Además, en los foros educativos realizados en la ciudad, el 62,3 % de los participantes señaló que el uso del celular generaba dificultades de atención y concentración.
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La discusión, por tanto, entra ahora en una fase distinta. Ya no se trata únicamente de decidir si los celulares tienen lugar en los colegios, sino de establecer cuándo, para qué y bajo qué condiciones pueden utilizarse, especialmente teniendo en cuenta las diferencias entre edades y las necesidades particulares de cada estudiante.
La Secretaría de Educación realizará una evaluación después del primer año de implementación para analizar los resultados de las medidas y definir mecanismos e indicadores de seguimiento.
