Los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía presentaron ante el Congreso de la República un proyecto de ley que modifica el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal 2026 en casi $4 billones.
La propuesta legislativa (disponible al final de este artículo) tiene un doble propósito: por un lado, incorporar $2.708.426 millones destinados a alimentar el Fondo Milagro para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, por el otro, ejecutar un traslado presupuestal de $1,2 billones hacia la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para enfrentar la vulnerabilidad financiera del mercado eléctrico y evitar un racionamiento de energía a escala nacional.
El primer eje de la iniciativa atiende las consecuencias del terremoto del 10 de agosto de 2026, un evento sísmico que obligó a declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 16 departamentos del país.
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Según los reportes oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el hecho dejó un saldo de 335 personas fallecidas y 4.516 heridas, además de 243.409 viviendas afectadas (36.478 totalmente destruidas), 4.313 centros educativos, 402 centros de salud, 119 puentes vehiculares y 182 acueductos dañados.
Para financiar la reconstrucción sin recurrir a mayor endeudamiento público, el proyecto de ley canaliza los recursos provenientes de los alivios tributarios, aduaneros y cambiarios adoptados mediante el Decreto Legislativo 1419 de 2026. Este mecanismo ofrece reducciones temporales en intereses y sanciones para contribuyentes morosos que se pongan al día con la DIAN hasta el 19 de noviembre de 2026.
El recaudo extraordinario estimado de $2,7 billones se adicionaría al Ministerio de Hacienda para ser transferido directamente al Fondo Milagro, un patrimonio autónomo creado por decreto.
Este fondo fue diseñado para concentrar en un solo vehículo presupuestario las donaciones, créditos y aportes públicos, garantizando la trazabilidad y la atención oportuna en asistencia humanitaria, rehabilitación e infraestructura en las regiones golpeadas.
Traslado de $1,2 billones para frenar el apagón
El segundo frente responde a un riesgo inminente de apagón nacional derivado de la ruptura en la cadena de pagos del Mercado de Energía Mayorista (MEM) y la llegada del Fenómeno de El Niño 2026-2027, de acuerdo con el Gobierno.
El detonante central radica en la situación de Air-e, comercializadora intervenida por la SuperServicios el 11 de septiembre de 2024 y puesta en régimen de administración temporal con fines liquidatorios desde enero de 2025.
Air-e suministra energía a cerca de 1,4 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, representando el 11,1 % de la demanda eléctrica nacional.
Para evitar un corte masivo del servicio a la población del Caribe, la SuperServicios prohibió aplicar los programas de limitación de suministro contra la empresa intervenida. Si bien la medida protegió a los usuarios de la Costa Norte, originó una acumulación masiva de deudas con los agentes generadores, al suspender la consecuencia regulatoria del impago.
A agosto de 2026, la deuda total acumulada en el mercado eléctrico supera los $4,06 billones, de los cuales el 57,6 % corresponde a obligaciones con generadores y, dentro de estos, cerca del 79,15 % a térmicas.
Solo Air-e registra acreencias vencidas postoma por $3,342 billones, con un déficit operativo que crece a razón de $250.000 millones mensuales. El efecto dominó ya golpea la salud financiera de las empresas: el 50,75 % de los agentes del mercado registra pérdidas financieras y la Contraloría General de la República ha advertido sobre un riesgo sistémico que podría paralizar a más de 18 comercializadores que representan el 41 % de la demanda nacional.
Para inyectar liquidez sin alterar las metas fiscales del país, el proyecto de ley aplicaría un traslado presupuestal de contracréditos y créditos por $1,2 billones.
En el primer caso se recortarian recursos no comprometidos por $750.000 millones en el Ministerio de Hacienda (programa de prestación de servicios de transporte público de pasajeros) y de $450.000 millones en el Ministerio de Minas y Energía (consolidación productiva del sector eléctrico).
Respecto a la adición, se trasladarían $1,2 billones a la sección de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD – Fondo Empresarial).
El proyecto de ley especifica que los recursos no ingresarán a las arcas ni al manejo discrecional de Air-e, sino que la SuperServicios los destinará a realizar pagos directos a los generadores y transmisores acreedores para respaldar la compra anticipada de combustible.
Con la radicación formal suscrita por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, la pelota queda en la cancha del Congreso de la República, que deberá debatir de urgencia esta adición y reordenamiento presupuestal antes de que el pico del invierno seco e hidrológico alcance su nivel máximo.
Consulte el proyecto de ley aquí
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