Un informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana señala cuál debería ser la hoja de ruta para ajustar el salario mínimo en Colombia el año entrante y deja claro que debe descartarse cualquier aumento desproporcionado.
El reporte indica que la negociación debería tomar como referencia la inflación esperada al cierre de 2026, que, según las proyecciones, sería del 6,8 %, junto con un crecimiento estimado del 1,2 % en la productividad total de los factores.

Foto: Ministerio del Trabajo.
Bajo estos supuestos, el incremento técnicamente deseable del salario mínimo en Colombia para 2027 sería del 8,0 %, según Corficolombiana, en línea con los analistas locales.
“Un ajuste alineado con esta regla también contribuiría a la estabilidad macroeconómica. En materia de precios, reduciría el riesgo de presiones adicionales derivadas de la indexación y de los costos laborales, facilitando que, junto con la política monetaria, la inflación retome una senda de convergencia hacia la meta del Banco de la República”, agrega el informe.
El aumento necesario del salario mínimo en Colombia, según los analistas
De esta manera, el ajuste del salario mínimo evitaría añadir presiones innecesarias sobre los costos de contratación y ayudaría a preservar las condiciones para la generación de empleo formal.
“En el frente fiscal, moderaría el aumento de las obligaciones vinculadas al salario mínimo y contribuiría a proteger el margen de maniobra de las finanzas públicas. En suma, el objetivo no es limitar la recuperación de los ingresos de los trabajadores, sino asegurar que sea sostenible”, complementa el documento.
Asimismo, un salario mínimo en Colombia acorde con la inflación y la productividad permitiría proteger el poder adquisitivo y reconocer las ganancias de eficiencia de la economía, al tiempo que reduciría el riesgo de que el aumento de los costos, las presiones inflacionarias y los desequilibrios fiscales terminen erosionando sus beneficios.

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“Finalmente, la discusión sobre el salario mínimo debería trascender la magnitud del ajuste anual y abrir espacio para revisar si este continúa siendo una referencia adecuada para las heterogéneas condiciones productivas y laborales del país. Su creciente incidencia sobre la estructura salarial y los costos de contratación plantea la necesidad de evaluar alternativas que permitan conciliar la protección de los ingresos con las diferencias regionales de productividad y costo de vida”, agrega el documento.




