Llegar a la edad de pensión no siempre significa que una persona tenga asegurado el acceso a una mesada. Para quienes cotizaron durante años en un fondo privado, el ahorro acumulado puede marcar la diferencia entre pensionarse mediante una renta vitalicia o tener que explorar otras alternativas para financiar su retiro. Por eso, una modificación en las reglas que determinan cuánto dinero se necesita para respaldar una pensión puede tener consecuencias directas para los trabajadores próximos a jubilarse.
Ese es el alcance de una propuesta del Gobierno de Abelardo De la Espriella, a través del Ministerio de Hacienda, que busca modificar el mecanismo de financiación de las rentas vitalicias en Colombia. La iniciativa plantea cambiar una variable utilizada para calcular los recursos que deben respaldar estas pensiones, con el propósito de reducir el capital necesario y facilitar el acceso a esta modalidad.
Sin embargo, el posible beneficio no está garantizado. La propuesta no modificaría directamente el valor de la mesada mínima ni la regla para reajustarla cada año, sino el cálculo del dinero que se necesita para financiarla y la distribución de los riesgos entre el Estado y las aseguradoras.
Ana Cubillos, asociada de Holland & Knight, explicó que el cambio podría ayudar a los afiliados que han alcanzado la edad de pensión, pero cuyo ahorro no resulta suficiente para contratar una renta vitalicia bajo las condiciones actuales. La experta también advirtió que el resultado dependerá de la respuesta de las aseguradoras y de cómo funcione la cobertura estatal.
¿Qué cambiaría para quienes buscan pensionarse?
Una renta vitalicia es una modalidad pensional en la que el afiliado traslada su ahorro a una aseguradora, que asume la obligación de pagarle una mesada durante toda su vida y, cuando corresponda, reconocer las prestaciones a sus beneficiarios. Puede contratarse para recibir los pagos de inmediato o para comenzar a recibirlos posteriormente, según la modalidad elegida.
Esta alternativa aplica a los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por los fondos privados, que cumplen los requisitos para pensionarse y eligen esta modalidad.
El problema aparece cuando el ahorro acumulado no alcanza para financiar la pensión bajo las condiciones exigidas. En ese escenario, una persona puede haber llegado a la edad de retiro, pero no contar con el capital necesario para contratar una renta vitalicia.
El proyecto del Ministerio de Hacienda busca modificar uno de los parámetros que intervienen en ese cálculo. La iniciativa propone eliminar el componente relacionado con la inflación y utilizar como referencia únicamente el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos diez años.
Para Cubillos, el cambio tiene un objetivo concreto: “El propósito declarado es reducir el capital necesario para adquirir una renta vitalicia y evitar que afiliados que ya alcanzaron la edad de pensión no puedan pensionarse por falta de ahorro”.
En términos sencillos, si la nueva fórmula reduce el dinero que debe respaldar una pensión, algunos afiliados podrían tener mayores posibilidades de contratar una renta vitalicia con el ahorro que acumularon. No obstante, esto dependerá de cuánto cambie el capital requerido y de las condiciones que ofrezcan las aseguradoras.
¿Qué es el deslizamiento del salario mínimo y por qué importa?
El cambio propuesto está relacionado con el llamado deslizamiento del salario mínimo, que corresponde a la parte del aumento del salario mínimo que supera lo que se explica por la inflación y la productividad.
Este factor es importante porque las pensiones equivalentes a un salario mínimo deben aumentar cada año en el mismo porcentaje que se establezca para el salario mínimo legal. Por eso, las aseguradoras necesitan proyectar cuánto podrían crecer sus obligaciones futuras y reservar recursos suficientes para pagar las mesadas.
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Si el salario mínimo aumenta por encima de lo previsto, financiar esas pensiones puede resultar más costoso de lo calculado inicialmente. El Decreto 1485 de diciembre de 2025 estableció como parámetro el mayor valor entre el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos diez años y el 35 % del promedio de la inflación del mismo periodo.
El nuevo proyecto plantea retirar ese componente de inflación y volver a utilizar únicamente el promedio del crecimiento real de la productividad de la última década.
¿La propuesta facilitaría pensionarse con un salario mínimo?
La respuesta de la experta es que existe esa posibilidad, aunque no se trata de un resultado automático: “Potencialmente, sí”, explicó Cubillos al referirse a la posibilidad de que eliminar el componente de inflación facilite el acceso a una pensión de un salario mínimo mediante una renta vitalicia.
El beneficio real dependerá de varios factores. En primer lugar, la reducción del capital exigido tendría que ser suficiente para cambiar la situación de los afiliados que hoy no alcanzan los recursos necesarios. En segundo lugar, las aseguradoras tendrían que mantener o ampliar la oferta de esta modalidad pensional. Finalmente, el mecanismo de cobertura estatal tendría que funcionar con reglas claras y pagos oportunos.
La experta advirtió que reducir el capital requerido no basta por sí solo para resolver el problema. La incertidumbre sobre quién debe asumir los costos cuando el salario mínimo aumenta por encima de lo proyectado puede seguir afectando las decisiones de las aseguradoras.
Cuando una persona no reúne el capital exigido, puede acudir a la Garantía de Pensión Mínima, siempre que cumpla los requisitos legales para acceder a ella. Esta figura permite obtener una pensión mínima bajo determinadas condiciones, incluso cuando el ahorro no alcanza para financiarla por sí solo.
Por eso, una eventual reducción del capital necesario para contratar una renta vitalicia podría modificar las alternativas disponibles para algunos afiliados. Sin embargo, no significa que todas las personas próximas a pensionarse vayan a cumplir automáticamente los requisitos ni que el cambio garantice una mesada.
¿Cambiaría el valor de la mesada o el aumento anual de la pensión?
Este es uno de los puntos centrales para los trabajadores que están próximos a pensionarse y para quienes ya reciben una mesada. Cubillos es clara al diferenciar la financiación de la pensión de la regla que determina sus incrementos anuales: “El borrador no cambia la regla de reajuste: las mesadas equivalentes a un salario mínimo seguirían incrementándose en el mismo porcentaje que el salario mínimo”.
En otras palabras, la propuesta no busca reducir directamente la mesada mínima ni modificar el porcentaje con el que se reajusta cada año. Lo que plantea cambiar es la metodología para calcular el capital inicial necesario para financiar la renta vitalicia y la forma en que se distribuye el riesgo de que los incrementos futuros del salario mínimo sean superiores a lo previsto.
Para quienes ya están pensionados, los derechos adquiridos y las mesadas reconocidas deben ser respetados. Para quienes todavía están adelantando los trámites, el efecto podría ser directo, porque el capital disponible influye en las modalidades de pensión que pueden contratar.
La experta recomienda que los afiliados próximos a pensionarse soliciten cotizaciones a varias aseguradoras y comparen las condiciones de una renta vitalicia con otras alternativas, como el retiro programado. La decisión debe considerar la situación particular de cada persona y no basarse únicamente en la expectativa de que la nueva fórmula reduzca los requisitos de capital.
¿Quién asumiría los costos si el salario mínimo sube más de lo previsto?
El proyecto también tiene implicaciones para las finanzas públicas, pues el Estado participa en la cobertura de los costos adicionales que se generan cuando el salario mínimo aumenta por encima de lo proyectado.
El borrador contempla diferentes escenarios. Si el incremento supera lo previsto, el Estado cubriría la diferencia según el mecanismo establecido. Si el aumento resulta inferior al calculado, las aseguradoras devolverían recursos al Gobierno o ajustarían las reservas. Si el incremento coincide con la proyección, no habría giros entre las partes.
En ese sentido, la iniciativa podría generar compromisos futuros para el presupuesto nacional. La magnitud de esos compromisos dependerá, entre otros factores, de cuánto crezca el salario mínimo en términos reales y de las condiciones definitivas del mecanismo de cobertura.
Cubillos advierte que este punto es determinante para que el cambio funcione. Si los incrementos del salario mínimo vuelven a superar ampliamente el parámetro utilizado en los cálculos, parte de la presión financiera podría trasladarse al Estado.
El borrador también mantiene una condición que genera incertidumbre para las aseguradoras: Hacienda giraría los recursos correspondientes sin reconocer intereses por las demoras en los pagos. La oportunidad de esos desembolsos, por tanto, forma parte de los factores que pueden influir en la disposición de las compañías a ofrecer rentas vitalicias.
¿Qué pasaría con los contratos de renta vitalicia que ya existen?
La propuesta contempla reglas de transición para determinadas rentas vitalicias expedidas bajo la normativa de 2025. Estas permitirían renegociar y ajustar contratos con la nueva fórmula, siempre que los cambios se acuerden entre las partes y se respeten los derechos adquiridos.
La experta distingue entre los ajustes técnicos de financiación y los derechos de los pensionados. Las reservas, los mecanismos de cobertura y otros aspectos financieros podrían estar sujetos a revisión, pero eso no significa que una mesada reconocida pueda reducirse automáticamente.
Cubillos señala que cualquier ajuste debe respetar la confianza jurídica y los derechos adquiridos y la confianza legítima. En consecuencia, los cambios no deberían afectar las prestaciones consolidadas ni el derecho de los beneficiarios a recibir lo pactado.
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El alcance definitivo dependerá de las reglas que finalmente se aprueben. Por ahora, la propuesta no autoriza a dar por hecho que los contratos existentes serán modificados ni que las condiciones de las pensiones ya reconocidas cambiarán.
