La apuesta del gobierno De La Espriella por sanear las finanzas públicas también pondría la lupa sobre un patrimonio que cada vez tiene más presencia en las decisiones de inversión: las criptomonedas y otros activos digitales. La propuesta de Ley de Rescate Económico incluye una alternativa para que los contribuyentes que tengan estos recursos sin declarar puedan ponerlos al día ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), bajo unas condiciones tributarias especiales.
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La iniciativa aparece en un escenario en el que los criptoactivos se han diversificado. Además de criptomonedas como bitcoin y ether, existen las stablecoins o monedas estables, cuyo precio busca mantener una paridad con monedas tradicionales, como el dólar. También hay inversiones y operaciones que se realizan mediante billeteras digitales y protocolos de finanzas descentralizadas.
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Esta variedad de instrumentos plantea nuevos retos para las autoridades tributarias: identificar quién tiene esos activos, dónde están ubicados y si fueron incluidos en las declaraciones correspondientes. En medio de ese panorama, el Gobierno propone abrir una ventana de normalización para quienes no hayan reportado sus tenencias digitales.
La medida está contemplada en el artículo 71 del proyecto de ley y podría tener consecuencias para personas que compraron criptomonedas, recibieron pagos en activos digitales o mantienen inversiones en plataformas y billeteras virtuales, pero no las incluyeron en sus obligaciones tributarias.
Impuesto del 5 % para declarar criptomonedas no reportadas
La propuesta permitiría que los contribuyentes declaren activos digitales que no hayan sido reportados previamente ante la DIAN, a cambio de pagar un impuesto único equivalente al 5 % de su valor. El mecanismo estaría disponible durante 2027 y tendría como fecha límite el 30 de junio de ese año.
Katherin Díaz, cofundadora de la firma V&V Asociados, explicó que la iniciativa busca darles a los propietarios de estos activos una alternativa para regularizar su situación tributaria. La experta resumió el alcance de la medida de la siguiente manera: “Si alguien tiene una criptomoneda que no ha declarado, podría ponerse al día en 2027 pagando un 5 % de su valor, evitando multas y procesos penales. Para ello, deberá informar a la DIAN sobre la existencia del activo y dónde se encuentra ubicado, con plazo hasta el 30 de junio de 2027”.
La explicación de Díaz permite identificar dos elementos centrales para los contribuyentes: el pago de una tarifa especial y la obligación de revelar información sobre los activos digitales que no fueron reportados. No se trataría simplemente de pagar el 5 % y mantener en reserva la ubicación de las inversiones.
Por ejemplo, si una persona tiene criptomonedas sin declarar cuyo valor para efectos del mecanismo fuera de $10 millones, el impuesto del 5 % equivaldría a $500.000. Este cálculo sirve para entender la tarifa propuesta, pero no significa que ese sea el único requisito para acogerse a la medida. También tendría que suministrar la información exigida y cumplir las condiciones que finalmente establezca la ley.
La fecha límite también es un aspecto que los interesados deberían tener presente. Según lo explicado por Díaz, el plazo propuesto llegaría hasta el 30 de junio de 2027. Sin embargo, ese calendario depende de que el artículo sea aprobado y de que se mantenga en la versión definitiva de la iniciativa.
¿Qué información tendría que entregar a la DIAN quien tenga criptomonedas?
La normalización no se limitaría a informar que una persona posee bitcoin, ether u otra moneda digital. La propuesta contempla revelar información detallada sobre los activos, incluidas las billeteras en las que se encuentran, sus direcciones públicas y las posiciones que el contribuyente tenga en protocolos de finanzas descentralizadas, conocidos como DeFi.
Este punto es relevante porque las inversiones en activos digitales no siempre están concentradas en una plataforma de intercambio. Una persona puede mantener criptomonedas en una billetera propia o tener recursos vinculados a diferentes servicios y protocolos digitales.
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En el caso de DeFi, se trata de sistemas y servicios financieros que operan mediante redes y protocolos digitales, sin depender necesariamente de un intermediario tradicional, como un banco. Por eso, la identificación de las posiciones en estos mecanismos también aparece entre los datos que contempla la propuesta.
La explicación de Díaz sobre la obligación de informar dónde se encuentra el activo adquiere importancia en este escenario: para normalizar las criptomonedas, el contribuyente tendría que permitir que la autoridad tributaria identifique su existencia y ubicación. El alcance concreto de los datos exigibles dependerá de las condiciones que queden aprobadas.
La DIAN no podría exigir claves privadas ni frases de recuperación
Uno de los aspectos más importantes para quienes utilizan criptomonedas es la información que tendría que entregarse a la autoridad tributaria. La propuesta establece expresamente que la DIAN no podría exigir claves privadas, frases de recuperación, contraseñas ni otros datos que permitan acceder directamente a los activos digitales.
La diferencia es fundamental. Una dirección pública permite identificar o consultar información asociada a una billetera en una red determinada, mientras que una clave privada o una frase de recuperación puede dar control sobre los fondos.
En otras palabras, el reporte tributario buscaría identificar los activos y su ubicación, pero no entregar a la autoridad las credenciales que permiten disponer de ellos. Esto es especialmente relevante para quienes guardan sus criptomonedas en billeteras digitales propias y no únicamente en plataformas de intercambio.
Así, la propuesta plantea una obligación de revelar información sobre el patrimonio digital, pero establece un límite frente a los datos que podrían dar acceso directo a los recursos. Los contribuyentes tendrían que identificar sus activos y suministrar la información prevista, sin que la DIAN pueda solicitar las claves que protegen su control.
El mecanismo podría ser relevante para personas que compraron criptomonedas y no las incluyeron en sus declaraciones, inversionistas que mantienen activos digitales en plataformas del exterior y contribuyentes que tienen posiciones en billeteras o protocolos DeFi.
También podría llamar la atención de quienes utilizan stablecoins. Estas monedas digitales buscan conservar una paridad con un activo de referencia, generalmente el dólar, y se emplean para mantener recursos en esa denominación o realizar transferencias dentro del ecosistema cripto.
No obstante, es importante distinguir los instrumentos. Bitcoin y ether son criptoactivos cuyo precio puede fluctuar de manera significativa; las stablecoins, por su parte, buscan reducir esa volatilidad al estar vinculadas a una moneda u otro activo.
La propuesta se refiere a activos digitales y contempla información sobre billeteras y posiciones en DeFi. Por eso, quienes tengan distintas clases de criptoactivos deberán revisar el alcance definitivo de la disposición y no asumir que una categoría está excluida si la norma no lo establece expresamente.
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El punto de fondo es que tener criptomonedas no significa que los recursos estén por fuera de las obligaciones tributarias. La iniciativa busca precisamente que los activos digitales no reportados puedan incorporarse a la información fiscal de sus propietarios bajo unas condiciones especiales.
