El futuro de Hidroituango parece estar cada vez más lejos de sus actuales contratistas y una decisión tomada esta semana habría sido un paso más en este camino.
La razón es que el Consejo de Gobierno de Medellín aprobó vigencias futuras por $1,1 billones para Empresas Públicas de Medellín (EPM), que le permitirían abrir una nueva licitación para el proyecto. Lea más en Empresas.
De hecho, según el alcalde Daniel Quintero, estos recursos fueron solicitados “ante el riesgo de que los contratistas no deseen ceder de forma anticipada el proyecto y que EPM tenga que iniciar un proceso de licitación”.
Y agregó que, si esto sucede, ampliarían el actual contrato con el consorcio, CCC Ituango, hasta marzo o abril del 2022, de tal modo que haya un periodo de transición.
El mandatario fue más allá e indicó que desde julio les dijo a las empresas del consorcio -Camargo Correa, Coninsa Ramón H. y Conconcreto- que EPM no buscaría extender el actual contrato.
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Está explicación se da apenas unos días después de que CCC Ituango le pidiera claridad a Quintero sobre la continuidad de obras después del 31 de diciembre de 2021.
En una carta, el representante legal del grupo indicó que ya les habían solicitado formalmente la cesión del contrato, pero dijeron que no tenían por qué hacerlo, ya que el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría no estaba en firme.
Si bien aún no es claro que pasará con Hidroituango, lo cierto es que ya comenzaron a frenarse algunos encargos a proveedores, pues el contratista actual asegura no tener claridad sobre si seguirá al frente del megaproyecto el próximo año.
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De darse este escenario, EPM sería uno de los más afectados en materia económica.
Según la Sociedad Hidroituango, que representa a los dueños del proyecto entre los que se encuentran como socios mayoritarios el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA- y la Gobernación del departamento, las pérdidas por el eventual cambio de contratistas los tendría que asumir la compañía, incluso con su patrimonio.
Esto debido a que en el 2022 ya debe comenzar a generar energía para Colombia, pero un cambio en la licitación frenaría los avances actuales y llevaría a que se presenten nuevos incumplimientos.
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