La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), y sus empresas afiliadas, expresaron su preocupación por el Decreto 1072 de 2025 del Ministerio de Minas y Energía, al considerar que las medidas contenidas en la norma representan una intervención desproporcionada en el mercado eléctrico colombiano y amenazan su sostenibilidad a largo plazo.
De acuerdo con el gremio, las disposiciones del decreto atentan contra la libre competencia, la eficiencia del sistema y la seguridad jurídica, afectando tanto la estabilidad financiera de las empresas generadoras como la confiabilidad del suministro de energía para el país.
Acolgen advirtió que la medida más preocupante del decreto es la obligación impuesta a los generadores hidráulicos de vender al menos el 95% de su generación horaria mediante contratos, lo que, según el gremio, anula la libertad de empresa y de contratación consagrada en la Ley 143 de 1994.
“Esta disposición es, en la práctica, un atentado contra la libertad del mercado eléctrico. Limita la capacidad de los generadores de optimizar el uso del recurso hídrico y cubrirse ante las variaciones naturales de la hidrología, exponiéndolos a riesgos operativos y financieros considerables”, señaló Acolgen.
Recomendado: Gobierno Petro expide decreto para estabilizar las tarifas de energía en Colombia
Trato desigual entre tecnologías y riesgos a la competencia
Otro de los puntos críticos del Decreto 1072, que resaltó Acolgen, es la imposición de obligaciones exclusivamente sobre las plantas hidráulicas, mientras que las demás tecnologías —solar, eólica y térmica— quedan exentas.
La Asociación señaló que esta diferenciación regulatoria crea una distorsión en la competencia, al otorgar ventajas injustificadas a ciertas fuentes de generación.
Según el gremio, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ya había advertido sobre este riesgo durante el proceso de consulta del decreto, pero sus observaciones no fueron incorporadas en la versión final.
La asociación gremial advirtió que el nuevo marco regulatorio genera un ambiente de alta incertidumbre para la inversión, pues obliga a los generadores a comprometer gran parte de su producción en contratos a corto plazo, reduciendo su flexibilidad y capacidad de gestión del riesgo.
“Una intervención tan drástica y con un plazo de implementación de apenas tres meses envía una señal negativa a los inversionistas. Colombia puede comenzar a ser vista como un mercado de alto riesgo regulatorio, lo que frenaría el desarrollo de nuevos proyectos fundamentales para garantizar el abastecimiento energético”, indica el comunicado.
Acolgen también criticó que el decreto desconoce la naturaleza variable de la hidrología, al exigir niveles de contratación que serían operativamente inviables.
“El comportamiento de las lluvias es impredecible. Forzar una contratación del 95 % hora a hora es técnicamente imposible y puede derivar en incumplimientos y sanciones desproporcionadas. La bolsa de energía, que fue diseñada precisamente para gestionar esa variabilidad, queda neutralizada”, advirtió el gremio.
Más regulación, menos eficiencia
El decreto ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) diseñar en tiempo récord “mecanismos de contratación flexibles”, lo que, según Acolgen, añade una nueva capa de complejidad y burocracia al mercado.
“El Gobierno diagnostica una falla de mercado y responde con sobrerregulación, en lugar de usar incentivos. Esta rigidez podría generar mayores distorsiones, cuando lo que el sistema requiere es flexibilidad técnica y estabilidad regulatoria”, agregó la asociación.
En su pronunciamiento, Acolgen concluyó que el Decreto 1072, aunque busca proteger a los usuarios vulnerables, termina imponiendo una “camisa de fuerza” a los generadores hidráulicos, debilitando los principios de un mercado competitivo y eficiente.
“El efecto a mediano y largo plazo será contraproducente: menor inversión, mayor riesgo de desabastecimiento y pérdida de confianza de los inversionistas en el sistema eléctrico colombiano”, advirtió el gremio.
Por ello, Acolgen hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para suspender la aplicación del decreto y abrir un diálogo técnico y constructivo con los agentes del mercado, a fin de diseñar alternativas más equilibradas que protejan a los usuarios sin afectar la estructura del mercado que ha garantizado la confiabilidad energética del país por más de tres décadas.
