El presidente Gustavo Petro anunció la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas como una medida fundamental para incrementar los ingresos fiscales en el marco de una nueva emergencia económica por la situación climática en Colombia.
Un análisis del centro de pensamiento económico ANIF reveló que el recaudo potencial de este gravamen, tal como anticipó el Gobierno que quedaría en un decreto que está por expedir, sería de $13,4 billones, una cifra que supera los $8 billones calculados inicialmente por el Ministerio de Hacienda.
El tributo se aplicaría a empresas con un patrimonio líquido a partir de las 200.000 UVT (aproximadamente $10.475 millones), estableciendo tarifas marginales del 0,6 % hasta las 600.000 UVT y del 1,2 % por encima de dicho umbral.
De acuerdo con las estimaciones de ANIF, cerca de $13,1 billones provendrían exclusivamente de las empresas con patrimonios superiores a los $31.424 millones, es decir, las que están en el rango superior.
Advertencias sobre efectos estructurales
A pesar de que el impuesto podría generar un recaudo significativo para atender necesidades urgentes, como las fuertes lluvias que afectan a varios departamentos, ANIF advierte que sus efectos estructurales deben evaluarse con cautela.
El centro de pensamiento señaló que gravar directamente el capital acumulado reduce los incentivos para el crecimiento de las empresas y dificulta la entrada de nuevos capitales en un país que ya padece bajas tasas de inversión agregada.
Según el informe, esta medida representaría un incremento de casi 6 puntos porcentuales en la tasa efectiva de tributación para las empresas, elevándola del 29,8 % al 35,5 %.
También advirtió que un impuesto de esta naturaleza tiene implicaciones de fondo para la competitividad del país, pues al gravar el stock de capital, se reduce la rentabilidad esperada de la inversión y se encarece la acumulación de activos productivos.
Esto, además de reducir la expansión empresarial “envía una señal negativa a los capitales extranjeros”, según ANIF, quienes podrían reconsiderar a Colombia como destino de inversión ante un entorno tributario percibido como desfavorable para la acumulación de capital.
Una medida que ya ha sido probada
El informe de ANIF recuerda que, en 2011, bajo un marco de emergencia similar, se aplicó un impuesto al patrimonio que, según estudios técnicos, incrementó el costo de endeudamiento de las compañías y provocó una caída en la inversión de las firmas afectadas.
De hecho, a nivel internacional, este tipo de tributo es poco común. Actualmente, solo cinco países mantienen alguna modalidad de impuesto al patrimonio empresarial: Suiza, Venezuela, Argentina, Luxemburgo y Noruega (este último solo para ciertas instituciones financieras). En estos casos, las tarifas suelen ser inferiores al 1 % y de alcance focalizado, lo que contrasta con la propuesta local.
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