Mediante Resolución 2584 del 30 de diciembre de 2019, la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) impuso sanción de multa a Hidroituango S.A. por iniciar actividades de construcción del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y su infraestructura asociada, sin haber tramitado y obtenido previamente la modificación de la licencia ambiental.
El Sistema Auxiliar de Desviación es el túnel que colapsó en 2018 y generó la contingencia del proyecto ampliamente conocida.
Dicha sanción fue recurrida en su momento y posteriormente confirmada en su integridad por la Autoridad Nacional.
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Ante lo anterior, EPM S.A. acudió a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con el fin que se declarase la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se impuso y confirmó dicha multa, teniendo como resultado que el diez de abril de 2023, la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia emitió sentencia de primera instancia.
Esta sentencia accedió a las pretensiones solicitadas, decretando la nulidad de las resoluciones mencionadas, con base en aspectos procedimentales de la actuación administrativa, según indicó la ANLA.
Dicha decisión judicial fue notificada a la Autoridad de Licencias Ambientales y será apelada en los términos legales establecidos, ejerciendo las actuaciones judiciales pertinentes ante el Consejo de Estado para la protección del patrimonio público y de los derechos ambientales protegidos en la Constitución y la ley.
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Hay que decir que dicha corporación resolverá la segunda instancia de este trámite judicial, para emitir una decisión definitiva.
“La ANLA adelanta sus actuaciones administrativas, conforme a los procedimientos previstos en las normas especiales que los regulan, y fundamenta sus decisiones en la protección sustancial del derecho a un ambiente sano como finalidad constitucional de su misionalidad”, precisó la entidad en un comunicado.
