El presidente Gustavo Petro expidió el decreto 1014 del 21 de septiembre, con el que nombró al ministro del Interior, Armando Benedetti, como ministro ad-hoc de Justicia para atender asuntos específicos relacionados con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La decisión surge luego de que el titular de esa cartera, Eduardo Montealegre, se declarara impedido para intervenir en el proceso penal contra Uribe, condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno a testigos. Montealegre es reconocido en el expediente como víctima y, en consecuencia, alegó un conflicto de interés.
“Mi nombramiento como ministro de Justicia no me priva de mis derechos fundamentales como ciudadano ni de mi calidad de víctima en este caso”, explicó el funcionario al justificar su abstención en el Consejo de Ministros del 19 de septiembre.
Las tareas de Benedetti
En el decreto se enuncian las funciones puntuales que deberá cumplir el ministro Benedetti, como por ejemplo liderar las actuaciones administrativas de los centros de conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, presidir el Consejo Directivo del Inpec en lo relativo al cumplimiento de la condena de Uribe y tramitar tres solicitudes de extradición de Marianela Álvarez Rosas, Carlos Guillermo González, Oscar Leonardo Álvarez Mendoza y Miguel Ángel González Zambrano.
El contexto del nombramiento se da en medio de una vieja disputa: Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo han sostenido que fueron víctimas de un complot judicial alentado por presiones de Diego Cadena, entonces abogado del expresidente.
