Atención | Hay acuerdo para eliminar IVA a medicina prepagada de reforma tributaria; se estudian cambios en sobretasa a telefonía celular

El Gobierno y los ponentes proyectan realizar la votación del primer debate en las comisiones económicas conjuntas el 1 o 2 de diciembre.

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El trámite legislativo del proyecto de ley de rescate económico (reforma tributaria) continúa pausado en medio de la negociación entre el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y las bancadas del Congreso de la República, por lo que no hay acuerdo sobre una ponencia ni se han agendado los debates a pesar del tiempo ajustado para su aprobación.

Tras el anuncio del Gobierno de retirar el Impuesto sobre las Ventas (IVA) a los alimentos esenciales de la canasta familiar (como café, tomate, cebolla y la comida para animales de compañía), los legisladores de distintas colectividades han trazado otras líneas rojas y presentado alternativas para llenar el vacío por lo que se dejaría de recaudar con el ajuste más reciente.

De hecho, el debate en materia del IVA se ha convertido en el eje central de la negociación legislativa. Además de los artículos ya mencionados, en las comisiones económicas existe un consenso para frenar el gravamen a los planes complementarios y medicina prepagada.

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El representante Santiago Castro (Centro Democrático) y el senador Gustavo Moreno (ASI) señalaron que cobrar IVA a estos planes implicaría una doble tributación injusta para la clase media que ya aporta al sistema de salud. Castro reveló que, en las proyecciones del Ministerio de Hacienda expuestas a los ponentes, el Gobierno comenzó a ceder y a descontar este cobro del texto final, por lo que se presume que se sacaría del articulado.

Además de esto, los legisladores están pidiendo la exención de IVA para tractores e insumos agrícolas, advirtiendo que gravar el campo encarecería de inmediato la producción de alimentos en el país.

Por su parte, el Partido Liberal, representado por el senador Álvaro Monedero, fijó una postura firme en contra de elevar la carga tributaria a las bebidas azucaradas, edulcoradas y la cerveza. Monedero explicó que estos tres productos representan hasta el 60 % de las ventas en las tiendas de barrio y que llevar el costo de una cerveza de $2.500 a $4.500 no solo desplomaría el consumo y las rentas departamentales, sino que impulsaría el mercado ilegal.

Propuesta de venta de activos públicos muestra división entre bancadas

El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo esta mañana desde Nueva York que, de las propuestas que han puesto los congresistas sobre la mesa, el Gobierno está de acuerdo en salir de activos improductivos y en que quienes más tengan más paguen.

El representante Santiago Castro apoyó la inclusión de la venta de activos como uno de los tres pilares del ajuste fiscal (junto con la reducción del gasto y los nuevos ingresos). Específicamente, propuso enajenar el 8,9 % autorizable de Ecopetrol, participaciones en ISA, electrificadoras regionales y activos del Grupo Bicentenario.

Luego aclaró que los recursos recaudados deben destinarse exclusivamente a amortizar la deuda pública para generar un ahorro permanente en el pago de intereses. No obstante, fijó un límite: defender la permanencia en manos públicas del Banco Agrario, Finagro y el Fondo Nacional del Ahorro.

Por el contrario, el senador Gustavo Moreno se opuso a la enajenación de Ecopetrol, manifestando que «el palo no está para cucharas» y que vender acciones de la petrolera en medio de su actual coyuntura económica equivaldría a «regalarla». En lugar de vender activos productivos, Moreno propuso eliminar entidades públicas con duplicidad de funciones, citando el caso de la USPEC (que duplica tareas del INPEC y cuesta cerca de $2,3 billones anuales).

Propuestas para nuevos ingresos

Ante la necesidad de generar recursos corrientes y sostenibles en el tiempo, los parlamentarios sugirieron alternativas diferenciadas, entre las que aparecen el impuesto al uso industrial del agua, excluyendo las actividades agrícolas, agroindustriales y el consumo residencial, proyectado en $1,5 billones; la sobretasa a la telefonía celular en planes superiores a los $40.000 mensuales, estimado en $2,5 billones; nuevos gravámenes a la nómina y parafiscales aplicables de forma exclusiva a los salarios de ingresos muy altos, superiores a $9 millones; un ajuste gradual al impuesto a los licores, el cobro de impuestos a plataformas de alquiler informal tipo Airbnb y de comercio electrónico como Temu y el fortalecimiento del control de la DIAN a la evasión (estimada en $71 billones).

Para compensar lo que se deja de percibir por la canasta familiar, el Centro Democrático plantea mantener gravámenes a sectores específicos por un monto cercano a los $8 billones a $10 billones. Esto incluye mantener el IVA a vehículos eléctricos e híbridos, gravar las compras postales menores a US$200 (de minimis) e imponer aranceles a las importaciones provenientes de países sin Tratado de Libre Comercio con Colombia (como China, Vietnam o India) para proteger al comercio local.

Por último, los legisladores coincidieron en que la prometida reducción de la tarifa de impuesto a la renta para empresas no podrá aplicarse inmediatamente debido a la coyuntura fiscal. Así mismo, el desmonte del 4 por 1.00 tendría que posponerse un par de años y aplicarse de forma gradual (0,5 % o 1 % por año).

En la reunión sostenida el 17 de noviembre entre el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y los coordinadores ponentes de las comisiones económicas de Senado y Cámara, el funcionario confirmó que se estudian alternativas de ingresos para compensar el recaudo cedido en la canasta familiar sin desequilibrar las finanzas del Estado.

Para ello, durante toda la semana se mantendrán mesas de trabajo técnico para redactar el borrador de la ponencia de primer debate.

El Gobierno y los ponentes proyectan realizar la votación del primer debate en las comisiones económicas conjuntas el 1 o 2 de diciembre. No obstante, ante lo ajustado del calendario constitucional (que concluye el 16 de diciembre) y la presencia de festivos legislativos, los congresistas dan por hecho que el Ejecutivo tendrá que convocar a sesiones extraordinarias para completar el trámite de la ley.

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