Las bases camioneras denunciaron que el Gobierno de Colombia incumplió los acuerdos hechos en septiembre de 2024, a lo que adicionaron que también hay un “inminente colapso del sector”. Según lo mencionado, a más de un año de la firma del pacto, el Ministerio de Transporte, en cabeza de María Fernanda Rojas, no ha articulado una respuesta del Estado para cumplir con dichas medidas.
Entre ellas, señalaron que existe una sobreexplotación de los conductores, que no es circunstancial, sino “propiciada y fomentada por el Ministerio de Transporte”, a lo que adicionaron que se han establecido parámetros irreales para deprimir artificialmente los valores que se les pagan a los grandes generadores de carga. Entre los supuestos hechos que denunciaron estuvo la imposición de 100 horas adicionales mensuales fuera de los límites legales, lo que incrementaría los riesgos de fatiga, y de esa manera, los siniestros viales.
Los transportadores denunciaron el incremento a doble dígito del ACPM o diésel, según lo pactado en el acta, expresando que se trasladó la totalidad de la ineficiencia fiscal al punto más débil de la cadena.
“Se abrió el proceso para tratar de imponer dumping a la importación de llantas, favoreciendo a una multinacional que solo puede producir 5% del requerimiento nacional, en detrimento de todos los transportadores, de la industria, del comercio nacional y de la canasta familiar, por el sobrecosto que ello implicaría”, agregaron.
También denunciaron que los conductores han sido víctimas de la violencia, manifestando que 33 de ellos han sido asesinados durante el ejercicio de sus labores.
La organización señaló que debe haber una intervención de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, con la finalidad de que se investiguen las omisiones del Ejecutivo y el detrimento patrimonial ocasionado por las medidas, que afectan no solo al transporte, sino a todo el eslabón de la cadena.
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A la vez, exigieron que se implemente un programa de modernización de volquetas y vehículos livianos, y que se inicien los recaudos por el manifiesto electrónico. Asimismo, solicitaron que se ordene la creación de un comité entre transportadores y autoridades competentes para cambiar la política de fotomultas, ya que, según lo mencionado, esta se ha convertido en una práctica de persecución sistemática contra los conductores.
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