Analistas y exministros de Hacienda han comenzado a delinear la hoja de ruta de lo que debería incluir la próxima reforma tributaria en Colombia en medio de la necesidad de un ajuste fiscal de aproximadamente 5 puntos del PIB para el año 2030.
Los expertos coinciden en que no basta con aumentar el recaudo, sino que se requiere una transformación estructural que priorice la eficiencia, la simplicidad y la eliminación de beneficios injustificados.
El dilema del IVA
Uno de los puntos de mayor consenso entre los expertos es la necesidad de reformar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, calificó de astronómico el gasto tributario por exenciones, aquel que el Estado deja de percibir debido a la existencia de beneficios, exenciones o deducciones tributarias, el cual asciende al 9 % del PIB ($135 billones).
De hecho, Meléndez señaló que, aunque la tasa nominal es del 19 %, su efectividad es de apenas el 37 % debido a una base que calificó como agujereada, lo que impide que el impuesto cumpla su potencial de recaudo. En respuesta, propone implementar mecanismos efectivos de compensación para la población más vulnerable.
En la misma línea, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, sugirió utilizar la facturación electrónica para que los estratos bajos no paguen IVA de manera automática, eliminando la regresividad del tributo.
En detalle, el objetivo es enlazar automáticamente la compra con el nivel socioeconómico del comprador para que, al momento de la transacción, el sistema identifique si la persona pertenece a un estrato bajo para no cobrarle el IVA, mientras que el resto de la población sí pagaría el impuesto.
Cobros en renta y patrimonio
El debate sobre el impuesto de renta se divide entre ampliar la base de personas naturales y reducir la carga a las empresas para estimular la inversión.
Juan Carlos Ramírez, presidente del CARF, propone revisar la base de contribuyentes y la tarifa marginal mínima. Al respecto, el exministro José Antonio Ocampo sugirió elevar la tarifa marginal para las personas de altos ingresos y convertir el impuesto al patrimonio en un tributo generalizado.
Además, para el sector empresarial, el exministro planteó la posibilidad de revertir el aumento de la tarifa de renta del 35 % al 30 %. Sin embargo, aclaró que esta reducción solo sería viable si se compensa con el recorte de beneficios tributarios específicos a las propias empresas.
Otro exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lo llevó más lejos al recomendar eliminar el impuesto al patrimonio para personas jurídicas.
Además, el economista revivió el desmonte gradual del 4 x 1.000. Su cálculo es que se haga de a un punto por año, aunque advirtió que esto solo sería viable si se implementan «medidas tributarias compensatorias», es decir, que se aumenten otros impuestos como los saludables o los que se cobran al tabaco.
Austeridad y gestión
Mauricio Salazar-Saenz, del Observatorio Fiscal de la Javeriana, criticó el reformismo ineficaz de Colombia, donde se han aprobado 10 reformas en 20 años sin aumentar el recaudo de forma estructural, que se mantiene estancado en el 14 % del PIB.
El experto enfatizó que pagar impuestos en Colombia es tan complejo como «mandar un bordador espacial», debido a un sistema con 300 leyes de beneficios tributarios. Su propuesta central es apuntarle a la simplicidad y a mejorar la capacidad de recaudo de la DIAN antes de crear nuevas leyes.
Por otro lado, una visión crítica que ha ganado fuerza es la de priorizar el recorte del gasto público antes de pedir más impuestos a los ciudadanos. Munir Jalil, de BTG Pactual, sostiene que el gobierno debe demostrar austeridad primero para ganar legitimidad, sugiriendo una meta de recorte de gasto de entre $30 billones y $60 billones.
La estrategia legislativa también está en juego. Según Jalil, la próxima reforma no debería ser inmediata, sino presentarse posiblemente en el primer semestre de 2027, especialmente porque el gobierno actual manifestó su intención de radicar un articulado de estatuto tributario para que se discuta en el Congreso de la República al inicio de la legislatura este 20 de julio.
El objetivo final, compartido por varios analistas, es que sea la próxima reforma tributaria sea única y duradera, que brinde estabilidad jurídica por al menos una década y permita al país cosechar frutos de crecimiento económico hacia finales de la década.
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