Durante dos décadas, millones de colombianos han pagado un cobro incluido en su factura de energía con el objetivo de garantizar que el país cuente con suficiente generación eléctrica en momentos críticos, como los fenómenos de El Niño.
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Sin embargo, ese mecanismo, conocido como Cargo por Confiabilidad, vuelve a ser objeto de cuestionamientos luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) concluyera que, pese a los más de $97 billones recaudados desde 2006, persisten dudas sobre su efectividad para asegurar el abastecimiento de electricidad.
La evaluación fue elaborada por el Observatorio de Servicios Públicos de la Superservicios y revisa los primeros 20 años de funcionamiento del esquema. El análisis pone sobre la mesa la necesidad de revisar su diseño regulatorio y determinar si los recursos que han aportado los usuarios realmente han fortalecido la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano.
¿Qué es el Cargo por Confiabilidad y por qué se hace este cobro a los usuarios?
El Cargo por Confiabilidad fue creado en 2006 como un componente de la tarifa de energía que pagan hogares, comercios e industrias. Su propósito es remunerar a las empresas generadoras para que mantengan disponibles sus plantas y puedan responder cuando disminuye la generación hidroeléctrica, especialmente durante periodos de sequía asociados al fenómeno de El Niño.
La lógica del mecanismo es que las compañías reciban una remuneración permanente para garantizar que exista capacidad suficiente de generación incluso en escenarios de alta demanda o baja disponibilidad de agua.
De acuerdo con la evaluación de la Superservicios, entre 2006 y 2025 los usuarios del servicio eléctrico transfirieron $97,1 billones, medidos en pesos constantes de 2025, a través de este cargo incluido en la factura de energía.
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El estudio muestra que la mayor parte de los recursos terminó en las centrales hidroeléctricas. En concreto, cerca del 62 % del dinero fue destinado a plantas hidroeléctricas, mientras que aproximadamente el 37 % correspondió a plantas térmicas.
Por regiones, Antioquia concentró la mayor remuneración histórica con $26,5 billones, seguida por Atlántico, con $15,8 billones, y la región conformada por Cundinamarca y Meta, con $13,1 billones.
Uno de los hallazgos que más llamó la atención del organismo de control es que el 48 % de los recursos continúa respaldando plantas hidroeléctricas o compromisos asociados a esa misma tecnología, pese a que precisamente son las instalaciones más vulnerables cuando se presentan periodos prolongados de sequía.
Además, el análisis advierte que una parte importante del dinero sigue remunerando plantas que llevan entre 20 y 30 años de operación, sin que ello haya significado un incremento significativo en la capacidad instalada del sistema eléctrico nacional.
Las conclusiones del estudio llevaron al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, a plantear una revisión de fondo sobre el funcionamiento del Cargo por Confiabilidad.
«¿Cómo es posible que después de 20 años de un esquema de confiabilidad se hable de apagón cuando los usuarios del servicio de energía les han entregado $97 billones a las empresas de generación? Estas deben garantizar realmente la suficiencia de la generación eléctrica del sistema, particularmente en condiciones de hidrología crítica», afirmó el funcionario al presentar los resultados.
El organismo también destacó que, solo en 2025, el Cargo por Confiabilidad representó el 21,5 % de los ingresos del sector de generación y un monto equivalente al 111 % de las utilidades obtenidas por las empresas del sector.
Esto significa que el mecanismo aportó a las compañías una cifra superior a todas las ganancias operacionales registradas conjuntamente durante ese año, lo que abrió un nuevo debate sobre la relación entre la remuneración recibida y los resultados esperados en materia de seguridad energética.
Los cambios que se proponen respecto a este cobro
Como resultado del análisis, la Superintendencia recomendó revisar el diseño regulatorio del Cargo por Confiabilidad junto con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Ministerio de Minas y Energía.
El objetivo es evaluar si el mecanismo continúa siendo el más adecuado para incentivar nuevas inversiones en generación eléctrica o si requiere ajustes que favorezcan una mayor entrada de plantas más eficientes y un desarrollo más acelerado de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).
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Según el organismo, fortalecer la diversificación tecnológica permitiría reducir la dependencia de las hidroeléctricas durante eventos climáticos extremos y aumentar la resiliencia del sistema eléctrico colombiano.
