Laura Moisá y Mauricio Villamizar, codirectores del Banco de la República, dejaron ver pincelazos de lo que sería las nuevas reglas de juego en la economía nacional y qué factores influirán.
En su más reciente reunión, la Junta del BanRep decidió mantener la tasa de referencia en 9,25 %, argumentando que la inflación continúa lejos de la meta y que los riesgos siguen siendo elevados. Mientras tanto, el Gobierno ha mantenido la presión pública para que se reduzcan las tasas y se estimule el crecimiento económico.
Sin embargo, desde el Banco advierten que una baja de tasas solo sería posible si las expectativas de inflación se corrigen de forma importante y el Ejecutivo toma medidas claras para reducir el déficit fiscal.
Los analistas del mercado proyectan que la tasa de intervención se mantendrá en 9,25 % durante el resto de 2025 e incluso prevén una eventual subida si la inflación sigue repuntando.
Cuando Semana le preguntó a Laura Moisá si reducir las tasas implicaría riesgos, respondió que los verdaderos peligros no están en subir o bajar, sino en mantener posturas demasiado rígidas.
“Para mí, los mayores riesgos están en quedarse en posiciones ortodoxas o heterodoxas y no tener la capacidad de abrir la mente a otras respuestas, porque todo cambia”.
Para Moisá, el problema inflacionario que enfrenta el país no proviene de la demanda, sino de choques de oferta que se han mantenido desde la pandemia.
“El problema de inflación que tenemos en el país, que además viene estabilizándose pospandemia, para mí sigue siendo un choque de oferta, que, desde mi perspectiva, es más permanente. Me refiero, por ejemplo, a costos internacionales que recaen sobre muchos productos intermedios necesarios para producir alimentos, como los fletes, que están caros”, dijo en Semana.
Según explicó, esta situación estructural de precios internacionales ha impedido que Colombia alcance niveles más bajos de inflación. Los alimentos, en especial los perecederos, han sido los que más presionan los precios.
“Los precios se han mantenido porque las empresas temen que todo esto se dé vuelta y tengan pérdidas en sus ventas. Para mí, se trata de una inflación de oferta que no se soluciona por el lado de la demanda, es decir, con la tasa de interés. En este momento no tendría ningún efecto”.
Moisá también sostuvo que una inflación del 5 %, si no está acelerada, no debe ser motivo de nerviosismo en un contexto de leve crecimiento y mejora en el mercado laboral.
“Es más, podría ser una inflación que funcione para recuperar la economía después del choque de la pandemia”, añadió.
En su diagnóstico, el país enfrenta problemas estructurales:
“Estamos bajando el desempleo, pero no logramos resolver el problema de la informalidad. Tampoco el de la productividad de los trabajadores y de nuestras empresas. Eso tiene unos costos que podrían equilibrarse con un nivel de inflación estable”.
Riesgos fiscales, salario mínimo y lo que viene para 2026
Moisá también reconoció que la situación fiscal del país es compleja y que en el Banco hay preocupación por el aumento del déficit.
“Es una circunstancia que tampoco es de fácil resolución, pues los inflexibles del gasto son muy altos y el Ejecutivo ha dejado claro que no va a renunciar a su programa de gobierno”.
En ese contexto, destacó que será clave observar la propuesta de reforma tributaria y la evolución del déficit. Según la codirectora, dentro de la Junta hay consenso en que el Gobierno ha actuado correctamente en materia de deuda y equilibrio de ingresos y gastos. “Estamos en modo observación”, dijo.
Las tareas del gobierno Petro
Consultada sobre el manejo fiscal del gobierno Petro, Moisá aseguró:
“Este Gobierno hizo una tarea que no se había podido hacer por diferentes razones, pero ya sacó del escenario el subsidio de la gasolina. Eso es clave para que esa presión fiscal no exista. Está intentando lo mismo con el diésel, pero ese producto puede provocar un choque más directo a la inflación, por su relación con el transporte de alimentos”.
En su análisis, si la regla fiscal se restablece como meta en dos o tres años, después de corregir los problemas estructurales, “se habrá hecho una buena tarea desde lo fiscal, independientemente de que sea este o el próximo Gobierno el que lo haga”.
Sobre el salario mínimo, Moisá consideró que su discusión debe ir más allá del impacto inflacionario:
“En mi criterio, el salario mínimo también tiene que ver con la calidad de vida de la mayoría de la población del país. Que tiene un efecto inflacionario, sí. Ahí es importante hacer una revisión, pues hay precios que no tendrían que estar indexados al salario mínimo, sino a la inflación. Pero también hay que lograr que las empresas no se preocupen solo por ese aumento, sino por mejorar su productividad”.
Añadió que aún tiene dudas sobre la relación directa entre el aumento salarial y la inflación, pues el mercado laboral ha mostrado signos de recuperación.
“Está mejorando la contratación, está creciendo la economía, entonces creo que ahí hay que estudiar el fenómeno”.
Moisá recordó que en el pasado, durante el boom de las materias primas, los salarios no crecieron al ritmo de las utilidades empresariales. “Ahora se busca recuperar el poder adquisitivo, aunque no sea el mejor momento”.
Villamizar: riesgos sobre la mesa
Por su parte, el codirector Mauricio Villamizar advirtió a Bloomberg, en el marco de las reuniones del Fondo Monetario Internacional, que el Banco de la República podría considerar un aumento de tasas por primera vez en más de dos años si se materializan nuevos riesgos inflacionarios.
Villamizar señaló que el Banco evalúa un escenario más restrictivo ante factores que podrían elevar las presiones sobre los precios, entre ellos: un incremento excesivo del salario mínimo en 2026, una reversión de la reciente apreciación del peso, el aumento de los precios del gas natural, y un mayor deterioro de las cuentas fiscales.
“Subir tasas está sobre la mesa, aunque aún no es el escenario base. Todo dependerá de que nuevos riesgos se materialicen”, afirmó.
El codirector también advirtió que el deterioro fiscal complica la labor de política monetaria en un entorno de inflación persistente. Según sus estimaciones, el déficit fiscal podría acercarse al 8 % del PIB en 2025, por encima del 7,1 % previsto por el Gobierno.
