El Consejo Directivo de la Unidad de Regulación Financiera (URF) ya aprobó el proyecto de decreto con el cual Colombia tendrá un sistema de finanzas abiertas obligatorio en Colombia.
La directora de la entidad, Mónica Higuera, confirmó este avance en el marco del evento Finanzas Abiertas en los países de la Alianza del Pacífico, donde explicó que la iniciativa representa un cambio estructural respecto al modelo voluntario que rige actualmente.
Además, detalló que, con este aval, el borrador continuará su trámite ante el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República para su eventual expedición definitiva.
El proyecto define un modelo híbrido para la circulación de los datos personales de los clientes en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Según Higuera, esta propuesta «es una respuesta estructural para consolidar un mercado en el que la información se convierta en un puente hacia la inclusión, innovación y competencia, promoviendo en todo caso la confianza y la estabilidad del sistema financiero colombiano y la protección de los consumidores financieros».
Del modelo voluntario al obligatorio de finanzas abiertas
Con las finanzas abiertas obligatorias, los consumidores financieros podrán autorizar a sus entidades para el tratamiento de sus datos frente a terceros, permitiendo que las instituciones financieras compartan información con su consentimiento para ofrecer productos y servicios personalizados.
La directora de la URF explicó que hablar de finanzas abiertas obligatorias «significa reconocer la posibilidad de que el consumidor utilice su información de forma activa, autorizando a su entidad financiera para el tratamiento de sus datos frente a terceros, permitiendo que sus datos trabajen a su favor y se conviertan en una herramienta que le facilite el acceso al crédito, al ahorro y a la inversión».
El proyecto también contempla la construcción de una infraestructura robusta, segura y sostenible en la que las entidades operen con estándares comunes en un ambiente que garantice el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos.
La elaboración de la propuesta normativa fue resultado de un proceso abierto y participativo. Desde la URF se publicaron dos borradores de decreto convocando a gremios, entidades financieras, expertos internacionales y representantes de la ciudadanía.
—
