La Comisión VII de la Cámara de Representantes programó para el próximo 24 de septiembre de 2025 un debate de control político dirigido al superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, y a la agente interventora de la Nueva EPS, en medio de la difícil situación financiera que atraviesa la entidad, la más grande del país en número de afiliados.
La citación fue confirmada por el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, quien radicó la solicitud. El congresista afirmó que es necesario que el superintendente y la interventora den explicaciones claras al Congreso y al país sobre las decisiones adoptadas desde la intervención gubernamental en abril de 2024.
“No vamos a dejar que Giovanni Rubiano siga sin darle la cara al Congreso y a Colombia por el desastre de la EPS más grande del país”, expresó Forero a través de sus redes sociales.
Contraloría alerta deterioro financiero en la Nueva EPS
El debate surge en un contexto en el que la Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la administración de la Nueva EPS. De acuerdo con un operativo de policía judicial realizado en julio de 2025, se evidenció un aumento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar.
Entre 2023 y 2024, estos recursos pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones, un incremento del 155 %. En el primer semestre de 2025 se sumaron $6,6 billones adicionales, lo que elevó el saldo a $15,27 billones, comprometiendo la liquidez de la entidad.
El informe también indicó que persisten anticipos con más de dos años de antigüedad por $143.000 millones, mientras que a junio de 2025 aún quedaban $5,7 billones de la vigencia 2024 sin legalizar.
La Contraloría encontró además 22,7 millones de facturas pendientes por un valor de $22,1 billones. Dentro de este universo, 9,1 millones eran facturas repetidas, por un monto de $8,9 billones.
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De esta forma, el valor real pendiente por procesar asciende a $13,2 billones, de los cuales el 97 % corresponde a servicios prestados entre 2024 y el primer semestre de 2025.
Este panorama, según el organismo de control, demuestra un deterioro progresivo de las finanzas de la Nueva EPS, pese a la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.
La Contraloría anunció que remitiría la alerta a la delegada para el sector salud a fin de determinar posibles responsabilidades fiscales.
La Nueva EPS, con más de 10 millones de afiliados, se encuentra en el centro del debate público por su papel dentro del sistema de salud y la magnitud de sus compromisos financieros.
