En una sesión marcada por la sorpresa y la rapidez del proceso, el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte, al declararla con “incapacidad moral permanente” para ejercer el cargo.
La decisión se dio a menos de seis meses de las elecciones generales de 2026 y tras aprobarse cuatro mociones de vacancia acumuladas en una sola jornada.
El Legislativo aprobó la destitución con 122 votos a favor de los 130 congresistas, muy por encima de los 87 necesarios. Boluarte, quien asumió el poder en diciembre de 2022 tras la caída de Pedro Castillo, no acudió al Congreso para ejercer su defensa, calificando el procedimiento como “inconstitucional”.
Su abogado, Juan Carlos Portugal, aseguró que el proceso “violó las garantías del debido proceso”, razón por la cual la mandataria decidió no presentarse.
Tras esperar su llegada durante 20 minutos, el Congreso procedió con la votación y aprobó por unanimidad la vacancia presidencial. Minutos después, el presidente del Congreso, José Jerí, asumió la jefatura del Estado, conforme a la línea de sucesión establecida por la Constitución peruana.
El proceso fue impulsado por partidos de derecha que anteriormente habían respaldado a Boluarte, pero que ahora se unieron a su destitución. Entre ellos se destacan Renovación Popular, del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, y Podemos Perú, del empresario José Luna.
Con esta decisión, Boluarte culmina un mandato de dos años y diez meses, marcado por una fuerte crisis política, acusaciones de corrupción y la represión de las protestas que dejaron más de 50 muertos. Su gestión enfrentó una creciente desaprobación ciudadana, con apenas un 3 % de apoyo, según recientes encuestas.
La salida de Boluarte representa un nuevo episodio de inestabilidad en Perú, que ha tenido seis presidentes en los últimos siete años y mantiene un escenario político altamente fragmentado.
