Los cambios relacionados con las pensiones suelen generar inquietud entre los trabajadores, especialmente cuando se habla de traslados de fondos, semanas cotizadas o modificaciones en la entidad que administra sus aportes. Una decisión de este tipo puede despertar preguntas sobre la continuidad de la afiliación, el reconocimiento de una futura pensión y, sobre todo, si el dinero que una persona espera recibir en su jubilación podría verse afectado.
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Esa preocupación también aparece cuando una autoridad ordena que un grupo de trabajadores cambie de administradora pensional. Sin embargo, trasladar una afiliación no significa necesariamente perder semanas cotizadas, reducir el valor de una mesada o modificar los requisitos para pensionarse. La diferencia está en qué entidad queda autorizada para administrar esos recursos y bajo qué condiciones.
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Precisamente, el Consejo de Estado tomó una decisión que mantiene vigente una orden para normalizar la afiliación pensional de 347 trabajadores del sector aéreo. El alto tribunal negó la solicitud de suspensión provisional presentada frente a la instrucción que la Superintendencia Financiera impartió a la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC).
La decisión fue adoptada el 27 de octubre de 2026 y mantiene la instrucción de trasladar esas afiliaciones a Colpensiones, sin que esto implique modificar los derechos pensionales de los trabajadores involucrados.
¿Por qué el Consejo de Estado ordenó que estos trabajadores pasen a Colpensiones?
El caso está relacionado con las funciones que puede cumplir CAXDAC, entidad vinculada históricamente a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) y creada antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

La discusión no consiste en que los aviadores civiles hayan perdido el derecho a elegir una administradora de pensiones. El punto central es que CAXDAC debe limitar sus actividades a las funciones que la legislación le permite desarrollar.
En los numerales 44 y 45 de la decisión, el Consejo de Estado explicó que la caja puede continuar administrando los regímenes que legalmente tiene a su cargo, pero no está autorizada para manejar de manera general las afiliaciones de todos los aviadores civiles.
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En particular, los decretos leyes 1282 y 1283 de 1994 delimitan sus funciones al régimen de transición y a las pensiones especiales transitorias. Esto significa que CAXDAC no puede asumir las mismas funciones de Colpensiones ni administrar afiliaciones del Sistema General de Pensiones por fuera de las competencias que le fueron asignadas.
A esto se suma que el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 establece que las cajas de previsión existentes antes de esa norma están sometidas a la vigilancia y el control de la Superintendencia Financiera.
La orden que ahora se mantiene vigente fue expedida por la Superintendencia Financiera el 4 de febrero de 2026. La entidad consideró que CAXDAC estaba administrando afiliaciones de aviadores civiles que no pertenecían a los regímenes especiales que puede manejar legalmente.
Por esa razón, le ordenó suspender esas actividades y adelantar las acciones necesarias para corregir la situación. El Consejo de Estado respaldó, en esta etapa del proceso, la competencia de la Superintendencia para impartir esa instrucción. En los numerales 46, 47 y 48 recordó que el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero faculta al organismo de vigilancia para ordenar la suspensión inmediata de prácticas ilegales o no autorizadas y exigir los correctivos correspondientes.
El alto tribunal también precisó, en los numerales 52 al 55, que la Superintendencia no creó nuevas reglas pensionales ni modificó las condiciones existentes. Su intervención estuvo dirigida a garantizar que las afiliaciones fueran administradas por entidades que sí cuentan con autorización legal para hacerlo.
Es importante aclarar que el pronunciamiento del 27 de octubre corresponde a una decisión sobre una medida cautelar. Es decir, el Consejo de Estado negó suspender provisionalmente la orden de la Superintendencia, pero esto no representa todavía una sentencia definitiva sobre la legalidad del acto administrativo que fue demandado.
¿Qué pasará con las mesadas de los 347 aviadores civiles?
La instrucción administrativa contempla normalizar las afiliaciones de 347 aviadores civiles mediante su traslado a Colpensiones. Para los trabajadores involucrados, esto significa que sus afiliaciones deberán quedar inicialmente en la administradora pública, de acuerdo con el procedimiento dispuesto para cumplir la orden.

Sin embargo, el traslado no elimina la posibilidad de elegir otra administradora. En los numerales 60 y 61, el Consejo de Estado señaló que la libertad de selección se mantiene, pero debe ejercerse entre entidades que estén legalmente habilitadas para administrar los recursos del Sistema General de Pensiones.
En términos prácticos, después de normalizar su afiliación en Colpensiones, los aviadores podrán escoger otra administradora autorizada, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la legislación.
Por tanto, la decisión no significa que los 347 trabajadores queden obligados a permanecer de manera indefinida en Colpensiones. Lo que exige es que su afiliación sea administrada por una entidad que tenga autorización para cumplir esa función.
¿Se reducirán las mesadas o cambiarán los derechos pensionales?
Esta es una de las principales inquietudes que puede generar la decisión entre los trabajadores. El Consejo de Estado aclaró que la orden de la Superintendencia no modifica las condiciones para acceder a una pensión ni determina el reconocimiento o el valor de las prestaciones económicas de los aviadores civiles.
En los numerales 67, 68 y 69, el alto tribunal precisó que la medida está dirigida a corregir quién administra las afiliaciones, no a cambiar los derechos pensionales de las personas involucradas.
En consecuencia, el traslado ordenado no supone por sí mismo perder semanas cotizadas, reducir el monto de una mesada o cambiar los requisitos para obtener una pensión. Tampoco constituye una decisión que desconozca los derechos que los trabajadores hayan adquirido.
Por ejemplo, si uno de los aviadores tiene una historia laboral con aportes registrados, el cambio de administradora no significa automáticamente que esos periodos desaparezcan. La medida se refiere a la entidad que debe gestionar legalmente la afiliación y no a una modificación de las condiciones pensionales reconocidas por la ley.
Esto es especialmente importante para quienes están próximos a cumplir los requisitos de jubilación o ya tienen una prestación reconocida: el pronunciamiento no ordena reducir sus pagos ni establece nuevas condiciones para recibirlos.
El Ministerio del Trabajo informó que continuará coordinando acciones con el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y Colpensiones para avanzar en el cumplimiento de la orden expedida el 4 de febrero de 2026.
El proceso deberá permitir que las afiliaciones de los 347 aviadores civiles queden bajo la administración de una entidad autorizada, de acuerdo con las funciones que establece la legislación pensional.
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Por ahora, el efecto inmediato de la decisión del Consejo de Estado es que la instrucción de la Superintendencia Financiera continúa vigente. No obstante, el proceso judicial sobre la legalidad definitiva de esa orden todavía no ha concluido.



