El Consejo de Estado confirmó el laudo arbitral que obligó a Empresas Públicas de Medellín (EPM) a pagar más de $780.000 millones por incumplimientos contractuales relacionados con el proyecto Hidroituango, luego de negar el recurso presentado por la empresa antioqueña.
Con esta determinación, el alto tribunal dejó en firme la condena económica impuesta en contra de EPM, tras concluir que no existían fundamentos jurídicos suficientes para anular el laudo emitido el 7 de diciembre de 2023.
EPM había interpuesto un recurso extraordinario de anulación en el que cuestionó la validez del fallo arbitral, argumentando, entre otros puntos, la supuesta necesidad de una interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la omisión de pruebas relevantes y presuntas contradicciones internas en la decisión.
Sin embargo, el Consejo de Estado desestimó estos planteamientos al considerar que el litigio no exigía interpretación de derecho comunitario andino, que el tribunal arbitral actuó conforme a derecho y que las inconsistencias señaladas correspondían a lecturas parciales del contenido del laudo.
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Recuento de la disputa legal
La controversia se remonta a 2011, cuando Hidroituango y EPM suscribieron un contrato para el diseño, construcción, operación y posterior transferencia del proyecto hidroeléctrico. Años después, la sociedad Hidroituango acudió a un tribunal de arbitramento al señalar que EPM habría incumplido varias obligaciones contractuales.
En ese proceso, el tribunal arbitral concluyó que Empresas Públicas de Medellín incurrió en incumplimientos específicos, lo que dio lugar a la condena económica que ahora queda ratificada por la máxima autoridad de la jurisdicción contenciosa administrativa.
La decisión fue adoptada con ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata, presidente del Consejo de Estado y miembro de la Sección Tercera, con lo que se pone punto final a una de las disputas judiciales más relevantes asociadas a uno de los proyectos de infraestructura energética más importantes del país.
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