La ContralorÃa General de la República lanzó una advertencia sobre la situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, tras un operativo de policÃa judicial realizado en julio de 2025.
La actuación permitió recaudar información técnica, administrativa, jurÃdica y financiera, inexistente en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud y sin soporte en estados financieros certificados.
El análisis preliminar de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) encendió las alarmas: incremento desmesurado de anticipos, facturas represadas, deudas en ascenso, contratos incompletos y deficiencias en la constitución de reservas técnicas.
La entidad de control encontró un aumento significativo de los anticipos pendientes por legalizar. Entre 2023 y 2024 pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones (155 %). Solo en el primer semestre de 2025 se sumaron $6,6 billones adicionales, llevando el saldo a $15,27 billones, cifra que compromete seriamente la liquidez institucional.
Además, el ente de control señaló persiste anticipos con más de dos años de antigüedad por $143.000 millones, y al corte de junio de 2025 aún quedaban $5,7 billones de la vigencia 2024 sin legalizar.
Facturas repetidas y sin auditar
El panorama de facturación es igualmente crÃtico. Se hallaron 22,7 millones de facturas pendientes por un valor de $22,1 billones, de las cuales 9,1 millones resultaron repetidas por un monto de $8,9 billones. AsÃ, el valor real pendiente por procesar asciende a $13,2 billones, el 97% de ellas correspondientes a 2024 y al primer semestre de 2025.
La ContralorÃa advirtió que en 36 prestadores de salud se concentra el 40 % de ese valor ($5,2 billones), lo que eleva el riesgo fiscal si se presentan incumplimientos o litigios.
El organismo de control también señaló que la Nueva EPS no entregó soportes completos de los contratos, en incumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 441 de 2022.
A ello se suma el incremento de las cuentas por pagar, que a marzo de 2025 alcanzaron $21,37 billones, mientras que los anticipos sin legalizar suman $10,5 billones y las facturas pendientes otros $8,7 billones, revelando un desequilibrio financiero profundo.
Posibles responsabilidades fiscales y penales
El informe encontró además una subestimación de $11,1 billones en reservas técnicas al cierre de 2024, con ausencia de soportes de autorizaciones y facturas, lo que pone en entredicho la capacidad de la EPS para garantizar la cobertura a sus más de 10 millones de afiliados.
La ContralorÃa advirtió que la situación refleja un deterioro progresivo, pese a la intervención de la Superintendencia de Salud, y anticipó que la alerta será remitida a la delegada para el sector salud para determinar posibles responsabilidades fiscales.
De manera paralela, se trasladará la información a las autoridades competentes en caso de hallarse faltas disciplinarias o conductas de carácter penal.
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