La Contraloría General de la República alertó sobre los efectos de la inmovilización de recursos públicos en contratos fiduciarios, tras un estudio que evaluó la gestión y ejecución de estos fondos con corte a diciembre de 2024.
El organismo de control concluyó que esta situación genera un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica y pérdida de eficacia social.
En términos económicos, la Contraloría explicó que los recursos permanecen en portafolios de baja rentabilidad, con rendimientos reales muy inferiores al valor público que podrían generar si se ejecutaran de manera oportuna.
Desde el punto de vista social, la inmovilización se traduce en demoras en la entrega de bienes y servicios, afectando a la ciudadanía y al cumplimiento de los objetivos de política pública.
Además, el ente de control advirtió que los retrasos actuales incrementan el riesgo de mayores demoras futuras en la ejecución de los contratos derivados, lo que compromete el logro efectivo de las metas planteadas.
Más del 35 % de los recursos fiduciarios, sin ejecutar
El informe reveló que una proporción significativa de los recursos administrados mediante negocios fiduciarios permanece sin ejecución, pese a que estos mecanismos fueron diseñados para mejorar la eficiencia y la transparencia en el manejo del gasto público.
A diciembre de 2024, del total de $13,48 billones correspondientes a 787 negocios fiduciarios, $4,84 billones —asociados a 156 contratos— se encontraban inmovilizados, lo que equivale al 35,61% del total. Para la Contraloría, esta situación no solo refleja una ineficiencia fiscal, sino también la pérdida de oportunidades para invertir oportunamente en proyectos estratégicos para el país.
Ministerios y fiduciarias con mayores montos inmovilizados
Al analizar una muestra de negocios fiduciarios por $390.265 millones, la Contraloría identificó que el Ministerio de Vivienda concentra el mayor nivel de recursos inmovilizados, con $165.255 millones, equivalentes al 42,34% del total analizado. Le siguen el Ministerio de Comercio, con $109.320 millones (28,01%), y el Ministerio de Salud, con $67.792 millones (17,37%).
En cuanto a las entidades fiduciarias, los mayores montos de recursos inmovilizados están administrados por Scotiabank Colpatria, con $168.081 millones, seguido de Fiduciaria La Previsora ($74.440 millones) y Fiduciaria Popular ($46.979 millones). El organismo de control advirtió una alta concentración de estos recursos en pocas fiduciarias, lo que obliga a focalizar acciones correctivas en actores específicos.
