Corte Constitucional solo revisará emergencia económica de Petro en enero al terminar vacancia judicial

La Corte explicó que durante la vacancia judicial no es posible adelantar plenamente este tipo de revisiones.

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La Corte Constitucional aclaró cómo y cuándo revisará el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno a través del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, y explicó que ese control se hará una vez termine la vacancia judicial.

En un comunicado, el alto tribunal recordó que la Constitución y la ley establecen que los estados de excepción deben ser revisados de manera automática por la Corte, para verificar que cumplan con los requisitos constitucionales.

Sin embargo, precisó que ese control debe realizarse respetando las reglas de funcionamiento de la justicia, incluidos los tiempos de receso judicial y las garantías del debido proceso.

La Corte explicó que durante la vacancia judicial no es posible adelantar plenamente este tipo de revisiones, pues existen normas que regulan la actividad de los despachos judiciales y los derechos de los funcionarios. Por eso, el estudio del decreto de emergencia y de las medidas que se expidan con base en él solo se activará cuando se reanuden las labores judiciales.

Para sustentar su decisión, el tribunal recordó antecedentes similares, como el caso del estado de emergencia declarado en 2009, cuya revisión también se inició después del receso judicial y concluyó meses más tarde con una sentencia de fondo.

Con base en lo anterior, la Corte confirmó que revisará tanto el decreto que declaró la emergencia como los decretos que el Gobierno expida durante ese período, una vez finalice la vacancia judicial.

Se especulaba que el alto tribunal podría tener sesiones extraordinarias para evaluar la norma del presidente Petro para darle vía libre o incluso tumbarla, como ya sucedió en el pasado con el estado de conmoción por el Catatumbo.

Detalles del decreto de emergencia económica de Petro

El gobierno del presidente Gustavo Petro declaró estado de emergencia económica por 30 días, tiempo en el cual el Ejecutivo adoptará decretos legislativos «necesarios para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos».

Igualmente, convocó al Congreso para que luego de que se venza este plazo, se realice un control político sobre las normas que se expidan.

Por lo pronto, el decreto de emergencia económica dice que las medidas “serán desarrolladas, entre otras, en impuestos directos e indirectos para las personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo, así como tributos que buscan corregir externalidades negativas en asuntos ambientales y de salud pública.