Un jurado federal de Estados Unidos desestimó las acusaciones contra la multinacional Drummond en las que se le señalaba de brindar apoyo a grupos paramilitares en Colombia. El veredicto se dio a conocer el pasado 15 de enero tras un juicio ante el Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama.
La decisión de la Corte concluye que el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates (IRAdvocates) hicieron acusaciones falsas y difamatorias contra la empresa minera.
Así mismo, se les acusó de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) a través de extorsión, soborno de testigos, manipulación de testigos, fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y conspiración.
La evidencia muestra que tanto Collingsworth como su organización habrían enviado cartas alteradas a terceros con miras a dañar la reputación y los negocios de Drummond. La misma también reveló que el abogado habría realizado pagos ilegales por más de US$400.000 a Jaime Blanco Maya, Jairo de Jesús Charris (alias El Viejo Miguel), entre otros testigos.
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El fallo también vincula a terceros, incluyendo al abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y al empresario holandés Albert van Bilderbeek por “conspirar” contra la multinacional. De igual forma, este apunta a que se llevó a cabo una “estrategia coordinada para presionar reputacional y judicialmente a la compañía mediante demandas y campañas mediáticas en Estados Unidos, Colombia y Europa, apoyadas en testimonios falsos obtenidos mediante pagos ocultos”.
Trey Wells, abogado litigante principal de la firma de abogados Starnes Davis Florie LLP, destacó que “este veredicto es una prueba más de que Drummond no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley”.
Por cuenta de esta determinación, se otorgó a la minera US$52 millones correspondientes a la demanda interpuesta por difamación y otros US$68 millones asociados al delito de extorsión bajo la Ley RICO, cifra que, conforme a la normativa, se triplica hasta superar los US$250 millones.
