Un amplio grupo de más de 120 economistas, exministros, exdirectores de Planeación Nacional, expresidentes de la Andi, exdirectores del Banco de la República y académicos hizo un llamado a la Mesa de Concertación del Salario Mínimo (MCSM) para que la fijación del salario mínimo de 2026 se base estrictamente en criterios técnicos, ajustados a la inflación y la productividad, con el fin de proteger el empleo formal y evitar mayores presiones fiscales.
El pronunciamiento se da en un contexto económico marcado por inflación persistente, presiones fiscales y un mercado laboral con un 55 % de informalidad, que supera el 80 % en zonas rurales. Para los expertos, cualquier incremento que exceda la inflación causada y las ganancias de productividad generaría efectos adversos sobre los trabajadores más vulnerables.
Un salario mínimo sostenible
El documento advierte que el salario mínimo juega un papel determinante en la estructura económica del país. Afecta directamente:
- La demanda de empleo formal
- La competitividad empresarial
- El costo de la seguridad social
- La sostenibilidad del sistema pensional
- El gasto público nacional
“Un piso salarial sólido y sostenible es clave para impulsar la equidad y la protección social”, señala el pronunciamiento, subrayando que “las decisiones deben construirse desde la evidencia y no desde consideraciones políticas”.
Aumentos por encima de lo técnico
El documento destaca que los incrementos del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad generan efectos indeseados:
- Aumento de la informalidad laboral, especialmente en jóvenes y pequeñas empresas.
- Presiones inflacionarias, que afectan más a los hogares de bajos ingresos.
- Deterioro de la competitividad y encarecimiento de la contratación formal.
- Impacto fiscal directo para la Nación.
El pronunciamiento recuerda que el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 proyectó un incremento del 7,1 % para el salario mínimo del próximo año. Pero también advierte que cada punto adicional implicaría:
- $240.000 millones adicionales en pensiones, según cálculos de Anif.
- $600.000 millones adicionales en gasto total sin financiamiento, lo que presionaría aún más las ya estrechas cuentas fiscales.
Un mercado laboral a vulnerable
Uno de los argumentos centrales del documento es que Colombia no tiene un mercado laboral capaz de absorber incrementos superiores al crecimiento de la productividad.
Hoy, por cada trabajador que gana un salario mínimo, hay cuatro trabajadores informales. En el campo, la informalidad alcanza incluso el 80 %, lo que refleja la fragilidad estructural del empleo en el país.
En ese contexto, dicen el documento, resulta fundamental evitar decisiones que terminen beneficiando a un grupo reducido de trabajadores formales a costa de expulsar a otros hacia la informalidad.
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Inflación y productividad
La recomendación principal al Gobierno, empresarios y centrales obreras es que la negociación se centre estrictamente en dos variables:
- Inflación causada y esperada
- Productividad laboral
En países modernos, recuerda el texto, los salarios —incluido el mínimo— se actualizan conforme al aumento del costo de vida y las ganancias de productividad, no a expectativas políticas o presiones coyunturales.
Actualizar el salario bajo estos criterios genera, según el documento:
- Previsibilidad para hogares y empresas
- Estabilidad en el mercado laboral
- Entornos propicios para el crecimiento económico
- Un llamado a un acuerdo responsable para 2026
Los expertos cierran el documento con un llamado directo a los actores de la mesa tripartita —Gobierno, gremios y centrales obreras— para que la negociación del salario mínimo de 2026 llegue a un acuerdo responsable y técnicamente fundamentado, que proteja tanto a los trabajadores como al empleo formal.
“Confiamos en que un diálogo serio permitirá un acuerdo justo, sostenible y favorable al empleo formal y al crecimiento económico”, concluye el pronunciamiento.
El documento fue firmado por figuras como Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo, Rudolf Hommes, Mauricio Olivera, María Fernanda Suárez, Andrés Velasco, Carolina Soto, Juan Emilio Posada, entre más de 120 expertos nacionales.
