La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares, por su presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir ilegalmente un lote.
Los hechos tendrían relación con el lote Aguas Vivas, que habría sido entregado por la firma IDC Inversiones y Técnicas Constructivas como parte de una figura de compensación urbanística, contemplada dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
En este sentido, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, Quintero y los otros investigados son señalados de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
Tras el anuncio del ente investigador, Quintero expresó a través de sus redes sociales que “ahora será nuestro turno de demostrar con pruebas cómo le metieron la mano a la justicia para sacarnos del camino a la Presidencia”, luego de finalizar esa etapa de imputación.
¿Qué dice la Fiscalía sobre el caso?
El escrito de acusación indica que las 13 personas investigadas serían responsables, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, por delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín dan cuenta de que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de una conciliación prejudicial, los exfuncionarios habrían intentado favorecer económicamente a los particulares cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles más de $40.500 millones, que correspondían al valor del lote.
Ante el fracaso de ese trámite, el exalcalde y el exsecretario general de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, al parecer, expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
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