Nueva EPS advirtió que los embargos judiciales podrían poner en riesgo su operatividad. De momento, los recursos comprometidos ascienden a $2 billones y en conjunto promedian la totalidad de la operación de un mes.
“A pesar de los reiterativos llamados desde la entidad por proteger los recursos que garantizan la prestación de servicios de salud, cuatro juzgados del país decidieron incrementar los embargos a Nueva EPS a una cifra que compromete su operación y por ende la atención de los más de 11,7 millones de afiliados”, indicó la EPS en un comunicado reciente.
De acuerdo con la entidad, la cifra ya había sido duplicada en noviembre de 2025, pasando de los $422.000 millones a los $887.000 millones. El más reciente ajuste incrementa esa cifra a más del doble, llevándola a los $2,12 billones, para ser más exactos.
De igual forma, alertó que tiene bloqueadas cuentas bancarias y recursos retenidos por parte de las diferentes fuentes de financiación, así como limitación absoluta de los dineros de tesorería. De manera que solo cuenta con el giro directo que llega cada semana para postulación hacia la red prestadora.
“Si los embargos se mantienen, la operación se verá seriamente comprometida y no podrá operar administrativamente; a eso se suma el impacto en la sostenibilidad financiera no solo de la entidad, sino de una red aproximada de 5.000 prestadores a nivel nacional, muchos de ellos con una dependencia financiera de gran proporción desde Nueva EPS”, agregó.
Las medidas de embargo están amparadas por cuatro juzgados y se concentran en Bogotá y Caquetá. Puntualmente, estas se derivan de las demandas presentadas durante el proceso de intervención de la entidad por 95 IPS.
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¿En qué viene trabajando Nueva EPS?
La entidad informó que ha desarrollado diferentes medidas, tanto jurídicas como financieras, para mitigar este impacto y ha generado acercamiento con los jueces que han establecido estas disposiciones.
De igual forma, recordó que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son constitucional y legalmente inembargables, según el artículo 48 de la Constitución, así como las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001.
Lo anterior ligado a que la Circular 000032 de 2025 del Ministerio de Salud y la Circular 014 de 2018 de la Procuraduría determinan que estos fondos, de naturaleza parafiscal y esenciales para garantizar el derecho fundamental a la salud, no pueden ser objeto de medidas cautelares.
“La entidad ya informó la situación a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Adres, entre otros entes de control, solicitando medidas urgentes que permitan frenar estas decisiones judiciales”, señaló la EPS, desde donde también se informó que se agotarán las vías jurídicas disponibles en miras a proteger la sostenibilidad del sistema y la prestación del servicio a los afiliados.
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