La Procuraduría inició vigilancia preventiva sobre el proceso relacionado con una eventual reversión de la concesión del proyecto Autopistas del Café y las decisiones que deberá adoptar la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) frente a la iniciativa privada IP “Conexión Centro”.
A través de un oficio enviado a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al presidente de la ANI, Óscar Javier Torres, el Ministerio Público advirtió sobre los riesgos jurídicos, fiscales y operativos que podrían derivarse de una terminación anticipada del contrato de concesión del corredor vial del Eje Cafetero. Sobre todo, porque ha sido lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.
Según el oficio, en las mesas de concertación del pasado 20 de mayo el comité antipeajes planteó dos solicitudes principales: la terminación anticipada de la concesión y la suspensión del cobro de peajes asociados al proyecto Autopistas del Café.
La Procuraduría aseguró que también recibió comunicaciones de autoridades territoriales, gremios y representantes ciudadanos que manifestaron preocupación por las consecuencias de una eventual reversión del contrato, especialmente frente al mantenimiento, operación y funcionamiento futuro de la vía.
Además, el ente de control indicó que existe inquietud sobre el alcance técnico y operativo de la iniciativa privada negada: “IP Conexión Centro”, al considerar que se trata de un proyecto estratégico para la competitividad y el desarrollo económico del Eje Cafetero.
La negación por parte del Ministerio se dio en medio de presuntas irregularidades porque esos anuncios deben darse después de haber emitido el acto administrativo y no antes. Por lo que han cobrado fuerza las versiones de que la decisión se tomó de forma apresurada a pocos días de las elecciones.
Cabe mencionar que el oficio de la Procuraduría se conoce solo un día después de que la Contraloría interfiriera en el caso pidiendo información detallada sobre el contrato.
Solicitud de información sobre Autopistas del Café
La Procuraduría les pidió al Ministerio de Transporte y a la ANI que cualquier decisión sobre la terminación de la concesión o el desmonte de peajes esté sustentada en criterios constitucionales, legales y contractuales.
La información solicitada deberá ser entregada el 28 de mayo de 2026.
Además de informes técnicos que detalles las razones de las decisiones, impactos fiscales, planes de actuación frente a mantenimientos y conservación de vías y decisiones futuras como la eliminación de peajes.
Adicionalmente, en el marco de esta vigilancia, el Ministerio Público consideró oportuno convocar a una mesa técnica interinstitucional la cual será convocada por escrito.
“Se precisa que la presente actuación preventiva tiene como objetivo anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública, mediante la generación de alertas”, comentó la Procuraduría.
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