El equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella radicó cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en procesos de contratación y actuaciones administrativas de distintas entidades del Gobierno saliente.
La primera denuncia corresponde al proceso CCENEG-094-01-2026 de Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores de servicios de ciberseguridad, cuyo valor asciende a cerca de $300.000 millones y cuya adjudicación está prevista para el próximo 28 de julio.
Según el equipo de empalme, el proceso presentaría posibles irregularidades como pliegos presuntamente direccionados, requisitos que limitarían la participación de empresas nacionales, estudios de mercado desactualizados y un cronograma con una celeridad que consideran injustificada.
Por ello, solicitaron a los organismos de control la suspensión inmediata del proceso mientras se revisa la legalidad de la contratación.
Denuncias por convenio del ICBF en Chocó
La segunda denuncia está relacionada con un convenio suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, por un valor superior a $6.435 millones, para la atención de la desnutrición infantil en el departamento del Chocó.
De acuerdo con el equipo de empalme, el convenio fue celebrado pese a que la institución hospitalaria ya se encontraba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud y registraba antecedentes de baja ejecución.
Durante el desarrollo del contrato, señalaron que se evidenciaron múltiples fallas, entre ellas la ausencia de personal médico y nutricional, el suministro de alimentos no autorizados y deficiencias en los protocolos de inocuidad.
Y la tercera denuncia está relacionada de igual forma con el contrato, pero específicamente a presuntas irregularidades durante la ejecución, ya que habrían provocado una reducción del 40 % en la cobertura del programa, dejando por fuera a siete municipios del departamento y liberando más de $2.060 millones de los recursos inicialmente comprometidos.
La cuarta denuncia está relacionada con la empresa Electrohuila. Según informó el equipo de empalme, la Procuraduría ya abrió una indagación previa por una presunta reforma estatutaria que habría sido diseñada para favorecer la permanencia de la actual gerente de la compañía.
