En los últimos cinco años, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia ha registrado un vaivén notable en la cantidad de investigaciones contra medios en Colombia.
Al mismo tiempo, ha crecido el debate sobre las concesiones del Canal 1, en medio de cuestionamientos legales, societarios y de libertad de prensa.
Según cifras obtenidas por este medio sobre investigaciones a concesionarios de televisión, emisoras radiales y operadores de medios digitales o impresos, en 2020 el MinTIC inició 133 contra compañías de la información.
En 2021 la cifra casi se duplica: 264, lo que representa un crecimiento de casi un 98,5 % respecto al año anterior.
Sin embargo, el año de transición entre los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro (2022), las pesquisas fueron de 131, una caída de alrededor del 50 %. En 2023 suben moderadamente a 173, y luego en 2024 se dispara el número: 960, lo que supone un alza de más del 454,9 %, el pico más alto en el quinquenio.
Para finales de agosto del 2025, las investigaciones registradas ascienden a 438.
Ahora bien, en cuanto a las conclusiones de las investigaciones, los resultados muestran un comportamiento igualmente variable. En 2020, 53 procesos fueron archivados y 80 generaron multa.
Para 2021, la cifra de archivos ascendió a 119, mientras que 145 terminaron en multa. En 2022 se archivaron 78 casos y 53 llegaron a etapa de multa. En 2023, 30 procesos fueron archivados y 136 concluyeron en sanción económica.
El 2024 marcó el mayor salto: se impusieron 680 multas, se archivaron 76 procesos, 48 están en etapa de pliegos y 156 en etapa de pruebas. Finalmente, hasta el 5 de septiembre de 2025, se reportan 2 procesos archivados, 8 en multa, 346 en etapa de pliegos y 82 en etapa de pruebas.
La competencia del MinTIC para investigar
El MinTIC es la entidad encargada de vigilar a los operadores y concesionarios del sector de las telecomunicaciones en Colombia. Su función no es judicial, sino administrativa y sancionatoria, lo que significa que puede investigar a los prestadores de servicios cuando incumplen sus obligaciones legales o contractuales.
Ahora bien, la cartera solo puede investigar a los medios que trabajen usando el espectro porque es un bien público, como televisión y radio, pero no puede abrir procesos contra privados, como revistas y web.
Estas investigaciones se basan en dos pilares: los fundamentos procesales y los fundamentos sustantivos.
En lo procesal, el MinTIC se apoya en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que define cómo debe adelantarse cada etapa: formulación de cargos, notificación, descargos, práctica de pruebas, alegatos y decisión final.
En lo sustantivo, el Ministerio aplica las leyes sectoriales de telecomunicaciones (Ley 182 de 1995, Ley 1341 de 2009 y Ley 1978 de 2019), que fijan las obligaciones de los operadores y describen qué conductas son sancionables. A ello se suman las resoluciones expedidas por el propio MinTIC y por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que establecen parámetros técnicos y de operación.
Cuando se encuentra responsabilidad, el MinTIC puede imponer sanciones que van desde amonestaciones y multas económicas (que pueden alcanzar hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes ($21.352 millones), hasta medidas más severas como la suspensión de operaciones o, en casos graves, la caducidad de los contratos de concesión. Estas sanciones se gradúan con base en criterios de proporcionalidad, como el daño causado, los beneficios obtenidos, la reincidencia o la cooperación del investigado.
El caso Canal 1: revisión en curso y polémica mediática
Un foco importante de tensión en 2025 ha sido el Canal 1. Lo que comenzó como un anuncio presidencial terminó por convertirse en un frente de confrontación jurídica, política y mediática. El presidente Gustavo Petro sorprendió al afirmar públicamente que el contrato de concesión con Plural Comunicaciones, operador del Canal 1, “será terminado” para abrir paso a una nueva licitación. El problema: el contrato aún sigue vigente, está blindado por la ley y su vigencia se extiende hasta 2027.
Ese pronunciamiento presidencial abrió un cráter de dudas jurídicas y alimentó críticas desde distintos sectores, pues se trata de una concesión a largo plazo que no puede cancelarse de manera unilateral.
La decisión, más allá de su alcance legal, encendió las alarmas en torno a la libertad de prensa y la independencia de los medios. Varios actores interpretaron las palabras de Petro como una presión política en un contexto electoral donde el presidente ha insistido en “radicalizar el discurso” en los medios de comunicación, así lo conoció el periodista Daniel Coronell.
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Petro, que ha insistido en fortalecer su narrativa frente a los medios en el tramo final de su gobierno, habría sumado a su círculo cercano al consultor político Germán Trejo, mexicano-estadounidense con experiencia en campañas demócratas en Estados Unidos, incluidas las de Barack Obama y Hillary Clinton.
La presencia de Trejo alimenta la idea de que el Ejecutivo busca profesionalizar y radicalizar su estrategia mediática, incluso a costa de tensar las relaciones con canales privados de televisión.
Lo paradójico es que, pese a la contundencia del anuncio de Petro, el MinTIC no ha abierto formalmente una investigación de caducidad contra Canal 1. La cartera se ha limitado a aclarar que, hasta la fecha, no existen procesos en curso para terminar anticipadamente concesiones de televisión, radio o espectro.
En el documento conocido por este medio se lee: “Procesos de caducidad o terminación anticipada de contratos de concesión: Durante los periodos objeto de esta comunicación no se han iniciado procesos de caducidad o terminación anticipada de contratos de concesión de televisión, radio o espectro”.
Aunque el tema no ha vuelto a ser nombrado por el presidente Petro, se esperará los movimientos de la nueva ministra Carina Murcia quien llegó el pasado 22 de septiembre. Ella tendrá la misión de interpretar hasta dónde puede —o debe— seguir la orden del presidente sin chocar con la solidez jurídica de un contrato aún vigente.
