El borrador del decreto que prepara el Gobierno de Gustavo Petro para modificar la distribución de las vigencias futuras en proyectos de infraestructura de transporte continúa generando polémica. El texto, divulgado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), busca que el Ejecutivo pueda redistribuir los recursos ya aprobados en el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).
La iniciativa ha recibido críticas de diferentes sectores. Esta vez, seis exministros levantaron la voz de alerta en una carta conjunta: Ángela María Orozco y Germán Cardona, exministros de Transporte; y los exministros de Hacienda José Antonio Ocampo, Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo.
«Una medida ilegal e inconstitucional»
En la misiva, los exfuncionarios advierten “con enorme preocupación” las graves consecuencias de expedir este decreto. Señalan que regular la redistribución de vigencias futuras es una competencia que solo le corresponde al Congreso y no al Ejecutivo, lo que pondría en entredicho la legalidad y constitucionalidad de la medida.
El documento también advierte que el proyecto desconoce normas vigentes del Estatuto Orgánico de Presupuesto y la ley de APP. Incluso, contradice un reciente control de advertencia de la Contraloría, que recordó que las vigencias futuras pactadas en contratos de concesión no pueden modificarse de manera unilateral.
Los exministros van más allá y advierten posibles faltas disciplinarias y fiscales para los funcionarios que expidan el decreto, así como un alto riesgo de demandas por parte de concesionarios, ya que el Estado estaría incumpliendo contratos vigentes.
La carta señala además dos paradojas: primero, que la redistribución podría dejar en el limbo el único gran proyecto vial del actual gobierno, la vía El Estanquillo-Popayán, cuyo 97 % de financiación depende de vigencias futuras. Segundo, que, aunque Petro no las toque, su sucesor sí podría hacerlo bajo este decreto, comprometiendo la ejecución de la obra.
“Bajo ese escenario, surgiría entonces un clima de incertidumbre y desconfianza que, evidentemente, dejaría al mercado sin garantías ni apetito para presentar ofertas dentro del proceso licitatorio. Ello apuntaría a su declaratoria desierta”, señalan.
Finalmente, los exministros alertan que la medida pondría en riesgo la credibilidad del modelo de APP, clave no solo para construir carreteras sino también para financiar infraestructura social, esencial en la reducción de la desigualdad. Por eso pidieron al Gobierno abstenerse de expedir el decreto.
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