La calificadora de riesgo Fitch Ratings anunció que le preocupa el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado por el Gobierno de Colombia a mediados de junio.
Lo anterior, se debe a que la entidad ve riesgos en la escasez de ingresos y las presiones de gasto, lo cual afectaría la trayectoria de la deuda pública.
“El MFMP incorpora un ajuste del gasto por valor del 1,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) para mantener un ‘cumplimiento estricto’ de la regla fiscal, que apunta a un déficit primario del gobierno central del 0,9 % del PIB para 2024″, dijo la compañía.
No obstante, añadió: «El Gobierno ha dicho que mantendrá el gasto social, lo que significa que gran parte de la reducción del gasto primario se logrará recortando los gastos operativos y la inversión pública, lo que puede afectar la recuperación del crecimiento”.
Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno prevé que el crecimiento del PIB real se acelere hasta el 1,7 % en 2024 y el 3 % en 2025.
Sobre esto, Fitch mencionó que estas previsiones son 0,2 puntos porcentuales superiores a las del último comparador de datos soberanos de Fitch, publicado a finales del mes pasado.
¿Por qué le preocupa a Fitch la alta deuda y el déficit de Colombia?
Según los datos del Gobierno, se espera que el déficit del Gobierno Nacional Central para fin del año sea del 5,6 % del PIB, lo que obligó a un aumento frente a las cifras presentadas en el Plan Financiero de febrero cuando era del 5,3 %.
“Una combinación de crecimiento débil, desempeño deficiente de los ingresos y mayores costos de intereses han llevado al gobierno a aumentar su pronóstico de déficit general del gobierno central para 2024 al 5,6% (el más amplio desde la pandemia)”, agregó la firma.
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Además, Fitch anotó que el impacto en los ingresos ha sido mayor de lo que había anticipado, por lo tanto, prevé que los objetivos de déficit primario que plantea el Gobierno van a resultar complicados.
“Las caídas se deben a una combinación de factores, en particular el fallo de la Corte Constitucional de 2023 sobre la deducibilidad fiscal de las regalías de las empresas de petróleo y carbón, y la falta de establecimiento de un nuevo proceso de arbitraje para resolver las disputas fiscales más rápidamente. Mientras tanto, las ganancias de ingresos anticipadas por el Gobierno a partir de mejoras en la administración tributaria han sido demasiado optimistas”, agregó.
