A sus 76 años, Fernando ‘Pecoso’ Castro finalmente recibirá su pensión por su vida dedicada al fútbol colombiano. La noticia, confirmada a principios de agosto, no solo representa una conquista personal para el exjugador y exentrenador, sino que expone una problemática estructural que ha acompañado al fútbol colombiano durante décadas: la falta de garantías laborales y el incumplimiento en el pago de seguridad social a los futbolistas profesionales.
‘Pecoso’ Castro, ídolo del Deportivo Cali y técnico en múltiples equipos del FPC, tuvo que esperar años para que su historia laboral fuera reconocida y sus aportes fueran validados. Su caso simboliza una deuda histórica con generaciones de futbolistas que, a pesar de haberse desempeñado en la élite del deporte, han enfrentado enormes obstáculos para acceder a un derecho básico: la pensión.
En el caso del ‘Pecoso’, su proceso para acceder a la pensión fue complejo y prolongado. A pesar de haber sido jugador durante más de una década (defendiendo camisetas como la del Deportivo Cali, Santa Fe y Once Caldas) y técnico durante más de 30 años en clubes como América de Cali, Huila, Quindío y el mismo Deportivo Cali, su historial de cotizaciones estaba incompleto o mal reportado: según reveló el medio Infobae, Castro acumulaba más de 1.500 semanas trabajadas, pero muchas no estaban registradas con base en su salario real.
Además, algunos de los clubes en los que trabajó no le realizaron aportes completos o lo vincularon sin contrato laboral, por lo que tuvo que acudir a vías legales para que sus semanas fueran reconocidas correctamente.
El trámite para que se le otorgara la pensión se realizó a través del Fondo de Pensiones Colpensiones, entidad que finalmente reconoció su derecho este año. Para alcanzar la pensión mínima en Colombia, una persona debe haber cotizado al menos 1.300 semanas y tener 62 años (en el caso de los hombres).
‘Pecoso’ cumplía ampliamente con estos requisitos, pero el problema no era la cantidad de semanas, sino el valor base sobre el cual se le cotizó, ya que en varios periodos se le reportó sobre el salario mínimo, lo que afectaba directamente el monto de su pensión. A pesar de ello, tras revisión de documentación, testimonios y decisiones jurídicas previas, su pensión fue aprobada, en lo que representa un precedente para exfutbolistas en situación similar.
El sistema de pensiones en Colombia obliga, desde 1993, a que todo trabajador con vínculo laboral cotice al Sistema General de Seguridad Social, pero durante años esta norma no se aplicó adecuadamente en el mundo del fútbol. La historia del ‘Pecoso’ es solo la punta del iceberg.
La Ley 100 de 1993 y la informalidad que reinó en el fútbol colombiano
La Ley 100 de 1993 estableció la obligatoriedad de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales para todos los trabajadores colombianos, incluidos los deportistas profesionales. Desde entonces, cualquier futbolista con vínculo laboral formal debía tener afiliación al sistema y recibir los respectivos aportes, tanto por parte del empleador (los clubes) como del trabajador.
Sin embargo, en la práctica esto no se cumplió durante más de dos décadas. Muchos equipos utilizaron figuras contractuales irregulares (como contratos de prestación de servicios o acuerdos verbales) para evadir sus responsabilidades legales. Esta situación fue especialmente común en:
- Equipos de divisiones inferiores, donde la informalidad era la norma.
- Clubes con dificultades financieras, que optaban por “arreglos” por fuera de nómina.
- Jugadores jóvenes sin asesoría legal, que firmaban cualquier tipo de contrato sin conocer sus derechos.
Incluso en el fútbol profesional de la ‘Primera A’ era común que los clubes hicieran aportes a pensión sobre el salario mínimo legal vigente (SMLV), aunque los jugadores devengaran ingresos muy superiores. La ley establece que las cotizaciones deben hacerse sobre al menos el 40% del salario real, pero en muchos casos se reportaban cifras muy inferiores para reducir costos.
Este tipo de prácticas no solo fueron ilegales, sino que han dejado a múltiples generaciones sin semanas suficientes cotizadas, o con bases tan bajas que su pensión futura se ve drásticamente afectada.
Fallos, demandas y luchas: Otros casos emblemáticos en el FPC
Uno de los casos que sentó precedente fue el de Diego Edison Umaña, exfutbolista y entrenador, quien demandó al América de Cali por no haber realizado correctamente los aportes a pensión. La Corte Suprema de Justicia falló a su favor, ratificando que los clubes deben cotizar sobre el salario real, y no sobre valores simbólicos. Este fallo se convirtió en jurisprudencia y abrió el camino para más demandas.
Desde entonces, organizaciones como ACOLFUTPRO (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales) han documentado y acompañado decenas de casos. Algunos de los más emblemáticos:
- Víctor Bonilla: el exjugador de la selección Colombia demandó al Deportes Quindío por irregularidades en los aportes.
- Johnnier Montaño: tras una larga carrera en Colombia y Perú, encontró al acercarse a la edad de jubilación que no tenía el número de semanas cotizadas, ni los ingresos reportados de manera correcta.
- Leonel Álvarez y Hernán Darío “Bolillo” Gómez: desde su rol de entrenadores también iniciaron acciones legales por incumplimientos contractuales relacionados con seguridad social.
Muchos de estos procesos han sido extensos, costosos y desgastantes. En algunos casos, los clubes han desaparecido o han cambiado de razón social, dificultando aún más las reclamaciones.
Además, la falta de control estatal efectivo ha permitido que las irregularidades se mantengan durante años. Entidades como la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales) o los fondos de pensiones no lograron realizar una vigilancia efectiva en tiempo real. Recién en los últimos años se han intensificado las sanciones y los cruces de información con entidades deportivas.
El nuevo marco: futbolistas como trabajadores plenos y sanciones a los clubes
En la actualidad, gracias a múltiples fallos judiciales, reformas legales y presión de los gremios, el marco normativo en Colombia ha evolucionado. Hoy los futbolistas profesionales deben tener contratos laborales formales y deben estar afiliados al sistema de seguridad social.
Además, se han incorporado sanciones fuertes contra los clubes que incumplen. Una de las más contundentes es la pérdida del reconocimiento deportivo, emitido por el Ministerio del Deporte. Sin este documento, un club no puede competir en torneos oficiales organizados por la Dimayor o la Federación Colombiana de Fútbol.
Desde 2022 varios clubes han estado bajo vigilancia especial por parte de la UGPP y el Ministerio. Algunos han tenido que firmar acuerdos de pago retroactivos por deudas en pensión, salud y riesgos laborales, con plazos establecidos para ponerse al día.
Este marco también ha empezado a aplicarse con mayor fuerza al fútbol femenino profesional, que hasta hace pocos años no contaba con garantías laborales para sus jugadoras.
¿Qué significa todo esto para el presente y futuro de los futbolistas en Colombia?
A pesar de que el marco legal ha mejorado, el problema no está completamente resuelto y todavía hay muchos jugadores jóvenes que llegan al profesionalismo sin asesoría jurídica adecuada. En divisiones inferiores o en ligas regionales, los contratos verbales siguen siendo comunes.
Además, futbolistas que se retiraron antes del año 2000, como muchos compañeros de generación del ‘Pecoso’ Castro, siguen enfrentando dificultades para acceder a su pensión. En muchos casos, no tienen pruebas de su relación laboral con clubes que hoy ya no existen o no cuentan con registros.
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Ahora en el fútbol colombiano el reto es doble: garantizar el cumplimiento en tiempo real para los jugadores activos y crear mecanismos eficaces de reparación para quienes fueron afectados en el pasado.
