Tras asumir la presidencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Juan Carlos Ramírez presentó su lectura frente a un panorama marcado por la volatilidad de los ingresos del Gobierno y una creciente inflexibilidad del gasto público.
En entrevista con Valora Analitik, el economista, que sucede a Astrid Martínez, analizó los riesgos de las decisiones de emergencia y los impuestos extraordinarios, advirtiendo que la confianza de los mercados depende de normas estables y no de soluciones de coyuntura.
Con una postura firme frente a la transparencia, el nuevo presidente del CARF explicó por qué el organismo prefiere mantenerse al margen de la pugna política para centrarse en la vigilancia estricta de las cuentas, evitando que la «contabilidad creativa» oculte las realidades fiscales.
Ahora que contamos con más información de 2025 y de inicio de año, ¿se mantienen en sus proyecciones de déficit fiscales altos para 2026 tanto en el total como en el primario?
Los ingresos o gastos del mes de enero no acumulan suficiente información para cambiar la estimación del año. Tenemos que esperar que se publique el Plan Financiero, a que el Gobierno haga el cierre fiscal de 2025, a que salga el dato del PIB del año anterior.
Relacionado: Gasto público ha aumentado 15 veces más que los ingresos: CARF.
Obviamente, estamos revisando permanentemente las estimaciones, pero no comunicamos a la opinión pública esos cambios, sino cuando hay suficiente información para hacerlo, no tenemos plazos fijos. Transcurrido el primer semestre ya puede uno modificar algo si es que es sustancialmente importante, porque cambiaría la base sobre la cual se calculan los incrementos.
¿Le preocupa la posibilidad de que el Gobierno logre encontrar un punto de equilibrio este año y el siguiente? ¿Ve difícil que se retome la Regla Fiscal?
Cada vez el análisis muestra más los riesgos, características más sostenidas o definitivas en las proyecciones. Pero hay nuevos elementos que no son todavía de definitivos ni para el Ministerio de Hacienda, mucho menos para nosotros, como la suspensión de las normas de la emergencia económica. Parte de nuestra credibilidad es no estar en el pronunciamiento día a día, sino hasta cuando ciertas decisiones sobre los ingresos y los gastos del gobierno sean más definitivas.
¿Es correcto o no que el Gobierno esté decretando impuestos extraordinarios para mejorar su ingreso y por esa vía corregir el déficit?
En términos de la sostenibilidad fiscal uno tiene la idea de que se acuda lo menos posible a decisiones de emergencia. Cuando las cifras fiscales son impredecibles o altamente cambiantes, la sostenibilidad se debilita.
Como principio general, es mejor tener unas normas más estables siempre, también en la confianza de los actores económicos. Otra es la discusión sobre si esta emergencia se ameritaba o no. El CARF ha preferido no ser parte de la discusión política, sino llamar la atención sobre que, si las condiciones fiscales son más conocidas y predecibles, cada vez se necesitarían menos de decisiones fuertes de coyuntura.
¿Qué opina sobre la propuesta de una nueva ley de financiamiento o reforma tributaria para ayudar en ese desbalance fiscal?
El Gobierno tiene una exigencia de incremento de recursos, sobre todo cuando tiene el propósito de ampliar el gasto público. Hay dos vías claras para ello: reformas en los recaudos o crecimiento económico. Creemos que siempre hay que trabajar en esos dos frentes. Si no hay crecimiento económico sostenido de una magnitud importante, la posibilidad de recaudar mayores recursos es reducida. Colombia había sido un país de poco gasto público y poco recaudo de recursos hasta los años 90, ahí empezó un crecimiento importante; ya hoy el país está en un nivel que es similar al del promedio latinoamericano.
Es claro que cualquier propuesta de sostenibilidad de las finanzas públicas implica mejoramiento en los ingresos, tener una razonabilidad en el tipo de gastos para para que el déficit sea razonable y, en este momento, también una disminución en las cargas de la deuda pública, que se han incrementado de una forma importante y les restan capacidad a los gobiernos para sus otros gastos.
El Gobierno ha reiterado que el gasto es altamente inflexible, pero algunos analistas han señalado a la actual administración de acrecentar el problema. ¿Cuál es la lectura del CARF?
Hay algunos modelos de estimación de la inflexibilidad del gasto sobre sobre los cuales no hay un acuerdo universal. Uno puede pensar rápidamente que el mayor gasto en funcionamiento se convierte en un gasto inflexible, pero también sabemos que en situaciones críticas esos gastos pueden ser modificados o reducidos.
El gasto se ha vuelto inflexible tanto en términos legales (transferencias, salud, pensiones) como en términos políticos (funcionamiento, subsidios, inversión social), hay que trabajar más en esos dos elementos. Lo cierto es que el gasto en Colombia ha sido inflexible desde décadas atrás y esa inflexibilidad ha venido aumentando tanto por las decisiones legales como por las decisiones políticas de los gobiernos.
Respecto a la estrategia de contribuir a reducir el déficit con movimientos financieros, como operaciones de manejo de deuda, ¿les parece correcto?
Lo que el CARF trata de vigilar en forma estricta es que no haya contabilidad creativa, es decir, que las cuentas fiscales siempre sean transparentes en el sentido de que sean conocidas, estén bien definidos los rubros y sean confiables. Esos arreglos financieros y esas negociaciones que permitan unas flexibilidades mayores en el corto plazo y más espacio fiscal transfiriendo o prorrogando ciertos compromisos las buscan todos los gobiernos, no es característica de esta administración. Nosotros estamos muy atentos a que esas implicaciones no oculten las realidades fiscales.
Cada vez esa información es más conocida y los registros están claros. De eso hacen parte tanto negociaciones públicas como endeudamientos que no son financieros a los que el CARF ha tratado de ponerles más atención, como la deuda que se tiene con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), las de sentencias judiciales o el sistema de seguridad social en salud.
¿El CARF es una entidad independiente?
El comité tiene hoy una autonomía técnica, nosotros no rendimos cuentas a al gobierno ni a ninguna otra institución en el sentido técnico, pero nos falta contar con más flexibilidad e instrumentos autónomos en la parte administrativa, presupuestal y física, incluso.
Algunos expertos han sugerido que al CARF se le dé una autonomía similar a la del Banco de la República para que no solamente tenga una mayor independencia, sino también para que los pronunciamientos tengan más peso. ¿Cómo ve esa posibilidad?
Ese es un tema crítico, esa definición es crucial. Lo que hemos discutido hasta ahora es que es un gran dilema, porque uno siempre quisiera hacer parte de las decisiones, pero el carácter de independencia y de credibilidad de pronto se vería afectado.
Si nuestros conceptos fueran vinculantes seríamos un organismo que hace parte de la política pública y, en ese sentido, nos convertiríamos en institución política, por lo tanto, también tendríamos una responsabilidad sobre los asuntos fiscales.
Si la decisión política de los asuntos fiscales reposara en el CARF eso de pronto le quitaría la autonomía o independencia que hoy tiene y por la cual es bastante valorado y reconocido. En ese sentido podría no ser la mejor la mejor vía, porque seríamos entonces actores de la política económica en el sentido de decisión y estaríamos sujetos también a una evaluación de carácter político, sus miembros ya tendrían una responsabilidad política.
¿Cuáles serán sus prioridades en la Presidencia del comité?
Somos un cuerpo colegiado, así que habrá una continuidad. La presidencia del comité es rotativa entre sus miembros; no obedece a ningún tema de cambio de orientaciones. La prioridad es seguir construyendo en la parte formal, fortaleciendo la institucionalidad del CARF.
Yo creo que el CARF tiene un alto reconocimiento en cuanto a su trabajo, sus opiniones, sus conceptos, el manejo de la información y la intención que hay en sus opiniones. Lo que necesitamos es mantener esa institucionalidad, es el primer un gran reto, pero mejorarla en el sentido de ampliar nuestro conocimiento y nuestro análisis sobre diferentes temas y construir y seguir construyendo más elementos de la autonomía de del comité.
¿Cuál es el cronograma de trabajo para los próximos años en ese sentido?
El propósito seguir mejorando los instrumentos técnicos del análisis. Creemos que se ha avanzado bastante en contar con un banco de información que nos permite hacer mejores análisis, con una temporalidad mayor.
Ahora queremos movernos hacia el análisis de los distintos ingresos y gastos del gobierno, pero en forma agregada, es decir, en grandes categorías: inversión, funcionamiento y transferencias, atendiendo precisamente a los problemas de flexibilidad que hoy tiene el gasto público. No implica esto entrar en su composición sectorial (educación, salud, infraestructura), que es una decisión propia de la política económica de cada gobierno porque es muy importante que nuestro trabajo no esté vinculado a un gobierno en particular, eso les quitaría la transparencia a nuestras actuaciones.
—
