La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió un régimen transitorio que le permite a la ciudad prorrogar el actual esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), siempre que se garantice la protección de los recicladores de oficio.
La medida quedó consignada en la Resolución CRA 1027 de 2026, aprobada por la comisión en pleno, en cumplimiento del Auto 2059 de 2025 de la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional y como parte del seguimiento a la histórica sentencia T-724 de 2003, que ordenó incluir a los recicladores en los procesos contractuales del servicio de aseo.
El régimen es excepcional y exclusivo para Bogotá. En la práctica, autoriza que las ASE puedan ampliarse por un plazo superior a los ocho años originalmente contratados, con el objetivo de mantener las acciones afirmativas que garanticen a los recicladores el acceso cierto y seguro a los residuos aprovechables, proteger sus derechos adquiridos y asegurar la continuidad del servicio para los usuarios, con tarifas que reflejen costos reales, tal como lo establece la Ley 142 de 1994.
Una ciudad al borde del cambio
La decisión llega en medio de un escenario crítico. Desde el año pasado, la capital quedó en vilo tras los fallos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en la estructuración de los estudios para renovar el modelo de aseo.
En dos oportunidades, la CRA devolvió esos documentos por falta de sustento técnico, un episodio que incluso derivó en la salida de la primera gerente de la UAESP durante la administración de Carlos Fernando Galán.
Ese tropiezo dejó a Bogotá frente a un escenario inédito: si no se adoptaba una solución regulatoria, el próximo 12 de febrero, fecha en la que vencen los contratos actuales, la ciudad habría tenido que pasar de manera abrupta a un modelo de libre competencia, sin reglas claras de transición y con riesgos para la prestación del servicio y para la población recicladora.
Aunque la UAESP había reconocido que se movía en un terreno incierto, la resolución de la CRA cambia el panorama y permite que la transición —o incluso la renovación del esquema actual— sea jurídicamente viable.
Con el régimen transitorio, Bogotá podrá mantener el esquema de ASE mientras se ajusta el modelo definitivo. La prórroga busca asegurar la remuneración oportuna de la actividad de aprovechamiento y fortalecer a la población recicladora, al tiempo que se garantiza la continuidad del servicio de recolección de residuos ordinarios y especiales.
El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que las ASE vigentes, que operan desde 2018, vencen el 12 de febrero y que cualquier renovación o creación de nuevas áreas requería autorización expresa de la CRA.
Por ahora, la resolución le da oxígeno a Bogotá y evita un salto al vacío en uno de los servicios públicos más sensibles de la capital.
