Mediante un decreto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro convocó al Congreso de la República a sesiones extraordinarias a partir del 17 de diciembre, con el objetivo de destrabar y avanzar en la aprobación de los ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Este trámite se encontraba represado y que había generado tensiones políticas en el Capitolio.
De acuerdo con el acto administrativo, el Legislativo podrá ocuparse de esta discusión hasta el 16 de febrero de 2026, aunque la decisión podría surtirse antes si se logra un consenso rápido.
En total, 39 oficiales de la Fuerza Pública estarían a la espera de que se resuelva su situación administrativa.
El tema tomó mayor relevancia pública el pasado 10 de diciembre de 2025, cuando el senador Mauricio Giraldo, presidente de la Comisión Segunda del Senado y miembro del Partido Conservador, denunció retrasos injustificados en los procesos de ascenso.
Según el congresista, la demora obedecería a una “falta de gestión” del Gobierno Nacional, que no habría remitido oportunamente al Congreso las hojas de vida y la documentación requerida para surtir el trámite constitucional.
“Hay 39 oficiales en la incertidumbre porque los documentos necesarios para sus ascensos no fueron entregados en los plazos estipulados”, señaló Giraldo, quien advirtió que la situación pone en riesgo la carrera de oficiales del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Armada. “El ascenso de más de cuarenta oficiales está en riesgo por la poca celeridad que tuvo el Gobierno Nacional en presentar las hojas de vida al Congreso”, afirmó.
Desde la Casa de Nariño, se consideró prioritaria la discusión de estos ascensos y se defendió la convocatoria a sesiones extraordinarias como un mecanismo necesario para garantizar la continuidad institucional y el normal funcionamiento de la estructura de mando de la fuerza pública.
