El Gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que alista un decreto con el fin de endurecer las medidas contra la corrupción en Colombia.
En conversación exclusiva con Valora Analitik, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, entidad adscrita a la Presidencia de la República, habló de los ejes que tendrá este articulado.
“Por iniciativa nuestra nos obligamos a crear una estrategia nacional de lucha contra la corrupción. Nos lanzamos desde el mes de agosto del año pasado a crear una estrategia que implicó sentarnos con todas las cabezas de los ministerios a concertar el contenido”, detalló el secretario.
El funcionario reconoce que la corrupción en Colombia es “un problema estructural” y, por ende, el nuevo texto robustecerá las medidas para que se disminuyan los casos, que en cifras de Transparencia por Colombia representaron $21 billones perdidos y 15 millones de personas afectadas entre el 2016 al 2022.
La contratación pública con nuevo decreto anticorrupción
En primera instancia tiene medidas de prevención de la corrupción en la contratación pública, frente a esta línea explicó: “Estamos mirando con el decreto cómo limitamos, – incluso en regímenes especiales o algunas entidades privadas que manejen recursos públicos – a lograr que los estudios de mercado y las cotizaciones sean plurales y públicas”.
La finalidad de esta nueva norma es evitar situaciones como las ocurridas en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
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El secretario dijo: “Se eligieron a tres conocidos para crear precios artificialmente altos y establecer estudios de mercado, lo cual ya es de conocimiento público. Se busca evitar que las adjudicaciones sean realizadas a dedo”.
En ese caso se garantizará que todas las personas interesadas en un proceso contractual puedan participar abiertamente. Esto permitirá que cualquier fabricante presente su oferta, evitando que las contrataciones queden restringidas a un pequeño grupo que maneja la contratación.
Información triangulada
Otra línea que quiere abarcar el decreto es la entrega de información a los periodistas. “No les entregan la información a tiempo, eso para nosotros es algo que no tendría que ser”, señaló Idárraga.
Del mismo modo, agregó: “Incluso le decía la procuradora la semana pasada: procuradora, vamos a meter un artículo en el decreto donde haya una obligación para entregarle información al Ministerio Público cuando lo requiera. Entonces la procuradora dijo – un poco disgustada – eso ya existe, es obligación. Yo sé, pero no se la entregan”.
Así las cosas, habrá una obligación reforzada en el decreto para que cualquier entidad, persona, periodista o ciudadano que solicite información tenga garantías concretas para su entrega.
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En la misma línea se profundizará en la interoperabilidad de los sistemas de información.
El secretario dijo: “Cuando la Contraloría emite un fallo de responsabilidad fiscal con incidencia penal o disciplinaria, se transfiere a la Fiscalía. Un caso fue en La Guajira, alrededor de 200 procesos entre 2008 – 2020 habían sido archivados por la Fiscalía, todos relacionados con hallazgos de la Contraloría. No hubo consecuencias: algunos casos fueron precluidos y otros simplemente archivados”.
La tarea ahora será triangular la información, de modo que una persona encontrada responsable penalmente continúe siendo investigada para determinar si también tiene responsabilidad disciplinaria. De ser así, deberá ser inhabilitada para volver a manejar fondos públicos.
El secretario aclaró que todos aquellos que cometan algún ilícito relacionado con recursos públicos no necesariamente deben ser inhabilitados o embargados.
En su concepto, lo que no debe suceder es que, mientras exista un responsable penal, disciplinario o fiscal relacionado con la contratación estatal, otras entidades u organismos de control eludan su responsabilidad, alegando que el caso ya fue abordado por la Fiscalía, la Contraloría o la Procuraduría.
Así las cosas, se propone que las entidades informen en qué etapa se encuentra la investigación. “Al avanzar de esta manera y con mayor transparencia, es probable que aumentemos la diligencia de las entidades de control”, dice el secretario.
Esta última propuesta, la creación de un estándar de debida diligencia, fue aprobada por la Comisión Nacional de Modernización e incluida en el decreto.
Cabe mencionar que en esta comisión participan las personas más decisivas en el país para que la transparencia en el manejo de los recursos públicos, entre ellos, procuradora, contralor y fiscal.
Colombia: acostumbrada a la corrupción
De igual manera, el decreto para combatir la corrupción tendrá un apartado a cargo del Ministerio de Cultura, para reivindicar el valor de lo público, “muchos colombianos y colombianas pese a que se indignan con temas de corrupción, también sienten que no hay un valor por lo público, no nos duele”, señaló el secretario de Transparencia.
En ese sentido, el Ministerio de Cultura asumirá la tarea de crear una estrategia para revalorizar lo público. “Dado que la corrupción ha arraigado en la cultura, es necesario cambiar esta percepción. Por ejemplo, la gente se salta las filas o paga para adelantarse, lo cual evidencia una cultura de corrupción normalizada. Es crucial implementar una estrategia que fomente el respeto y otorgue mayor valor a la importancia de lo público”, explicó Idárraga.
El decreto aún no tiene una fecha de publicación exacta. Sin embargo, se espera que una vez se finalice un asunto pendiente con la Secretaría Jurídica de la Presidencia y se obtengan las firmas de los ministros, el decreto pueda salir al aire la próxima semana.
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