Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y considerado en su momento mano derecha del presidente Gustavo Petro, es hoy un prófugo de la justicia.
Según documentos obtenidos por Noticias RCN, el exfuncionario obtuvo su residencia en Nicaragua con apoyo directo del Gobierno colombiano.
El medio reveló dos cartas clave. La primera, enviada desde la Embajada de Colombia en Managua al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, solicitaba la renovación de la residencia de González.
En el texto se lee: “Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2004 y que desde esa fecha no ha salido del país, solicitamos el apoyo para regularizar el estado migratorio y renovar la residencia del compañero González”.
La respuesta del gobierno nicaragüense autorizó el trámite, indicando que podía presentarse de inmediato ante Migración para actualizar su cédula de residencia y otros requisitos administrativos. El proceso coincidió exactamente con el día en que González fue imputado por la justicia colombiana.
A pesar de los documentos revelados, el presidente Petro niega algún apoyo para el político del Partido Verde: «El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algun tipo de privilegio para Carlos Ramón Gonzalez», aseguró en su cuenta de X.
Por su parte, la entonces canciller, Laura Sarabia, también se desligó de esta situación: «No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad».
Orden de captura contra Carlos Ramón González
Cabe mencionar que el Tribunal Superior de Bogotá emitió orden de captura en su contra por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Se le señalan los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, en el marco de un presunto entramado de desvío de recursos destinados a atender emergencias y desastres naturales.
En marzo, la Fiscalía reveló que contaba con material probatorio que lo vinculaba también con un caso de presunto tráfico de influencias dentro de la entidad.
