A pesar de la prudencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), en este punto, para los analistas es un hecho que el organismo no cree en las proyecciones del Gobierno Petro y está esperando una señal de confianza para emitir un concepto positivo.
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Valora Analitik conoció de una fuente que pidió reserva de su nombre que la comisión que ha visitado Colombia para la evaluación del Capítulo IV le ha insistido al Ejecutivo que especifique cuáles son los recortes en el gasto que hará este año, pues hasta el momento solo ha hecho alusión a la posibilidad de tomar este camino.
Incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) anotó en el Informe al Congreso de la República de Colombia, con corte al mes de abril, que sería necesario un recorte de $75 billones para que el Gobierno cumpla con la Regla Fiscal este año.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha sido esquivo al tema y en todas las ocasiones ha manifestado que el Gobierno se encuentra diseñando un paquete de medidas que se ejecutarán para balancear las cuentas fiscales este año, dentro de cual se están evaluando los recortes.
De hecho, ha dejado ver que su prioridad está en el frente de los ingresos, pues las propuestas que se conocen le apuntan a conseguir entre $6 y $6,5 billones para este año vía anticipo de renta (borrador de decreto en revisión) y una cifra similar por medio de un proyecto de ley de financiamiento que se radicaría en el Congreso “muy pronto”.
Los analistas no ven tan probable que el Gobierno logre recaudar el monto necesario, pues solo la reserva presupuestal heredada de 2024 es de $52,3 billones (3,1 % del PIB), por lo que el único camino sería aumentar la deuda pública, que ya equivale al 60 % del PIB. “El déficit es cada vez más grande y el rezago hará que los problemas comiencen mucho antes que el año pasado”, dijo un exministro de Hacienda.
Pero el FMI ya revisó las cuentas fiscales en detalle y sabe también que entre más tiempo pase, más difícil será que el Gobierno haga un recorte importante, pues las entidades han empezado a apropiar los recursos que se les asignaron en el presupuesto de este año, por lo que ya no se puede disponer de ese dinero.
“A mitad de este año, el FMI tendrá que revisar de nuevo la independencia de las instituciones y el Gobierno tendrá que tomar las medidas necesarias y demostrar una confianza sobre la política fiscal en el mediano plazo, específicamente en el recorte del gasto o en mostrar nuevas fuentes de ingreso. Lo que está pasando es una situación especial”, explicó Víctor Ramírez, socio de Auditoría y líder del sector financiero en la firma contable BDO.
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas aseguró en X que con esta espera, mientras se publica el Marco Fiscal de Mediano Plazo, “el FMI está siendo benévolo” y advirtió que el organismo podría ser más radical: “hacer una evaluación de medio término de una vez y quitarnos definitivamente el acceso”.
El asunto es que, sin una materialización del recorte, los analistas creen que el FMI confirmaría que Colombia pierde la Línea de Crédito Flexible (LCF) que tiene desde 2009, lo que enviaría una alerta al mercado, los entes internacionales y las agencias calificadoras de la preocupante situación de las cuentas públicas y podría derivar en la pérdida del grado de inversión del país.
“La FLC es más eficiente que acumular reservas y envía una señal positiva a los mercados. Perderla aumentaría el riesgo país, los costos de financiamiento y presionaría el peso a la baja; la situación fiscal se deteriora y proteger la FLC en la actual coyuntura es clave”, señaló al respecto el presidente de ANIF, José Ignacio López.
Ramírez sumó a las consecuencias en los instrumentos de deuda que pueda emitir Colombia un factor adicional: el comportamiento de la tasa de cambio. “Esto hace que agentes o inversores internacionales retiren capitales del país precisamente porque lo lean como una debilidad en la economía y que los papeles o la deuda de emisores colombianos, también privados, tenga una tasa de interés mucho más alta, implícita en el momento de la colocación de esos bonos”, detalló.
El asunto detrás de la Línea de Crédito Flexible
El debate comenzó tras conocerse que el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendió la Línea de Crédito Flexible (LCF) a Colombia y la dejó sujeta a la finalización de la consulta del Artículo IV. Días antes, el organismo multilateral había emitido un llamado de atención sobre el deterioro de las finanzas públicas del país.
El exviceministro de Hacienda Andrés Pardo explicó que la FLC es una especie de tarjeta de crédito con tasa de interés preferencial, cuya particularidad es que solo está disponible para países que cuentan con fundamentales económicos sólidos, marcos institucionales de política económica firmes y un historial y senda de implementación de políticas prudente.
Vale la pena recordar que la LCF se aprobó el 26 de abril de 2024 por un período de dos años, con un monto de acceso equivalente a US$9.800 millones y una revisión intermedia para evaluar la permanencia de Colombia.
Cuando un país pierde su línea flexible solo puede acceder a una condicionada, la cual, en primer lugar, somete al país a una serie de ajustes fiscales y administrativos en todos los niveles por parte del FMI, y además deja a ese gobierno fuera de los mercados internacionales.
Ramírez llamó la atención en que esta situación no había ocurrido en el pasado, pues el país ha mantenido vigente este mecanismo de financiación frente a choques externos desde 2009 aunque solo se usó una vez durante la pandemia (2020), cuando el cupo se amplió a cerca de US$17.200 millones.
Para renovar o extender esta línea hacia el futuro, según el experto, el país deberá cumplir dos requisitos: completar de manera satisfactoria la consulta del Artículo IV, una evaluación integral de su situación económica y salud financiera, y superar una revisión intermedia. Ambos procesos están ligados a la publicación del nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo, prevista para junio de 2025.
«La evaluación fiscal es el mayor punto de dolor para la economía colombiana en este momento, asociado a un déficit fiscal que el año pasado fue del 6,8 % del PIB», concluyó Ramírez.
