El Ministerio de Minas y Energía de Colombia reveló la publicación de la Resolución 40505 de 2025 mediante la cual dijo que se busca evitar traumatismos en la prestación del servicio de energía eléctrica para los usuarios de la costa Caribe.
Sin embargo, expertos y líderes gremiales hablaron con Valora Analitik sobre el riesgo que representa esta medida que, en la práctica, les permite a las empresas aplazar inversiones en infraestructura, mantenimiento y en mano de obra.
Juan Camilo Manzur de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), le dijo a Valora Analitik que las empresas comercializadoras de energía están en estado crítico con saldos de deuda por recuperar de $6,2 billones al corte de octubre.
De ese total, cerca de $2,4 billones se basan en deuda de los subsidios y otros $1,3 billones son deuda oficial y $2,5 billones de la opción tarifaria, dijo.
Y agregó que de esos $2,5 billones de la opción tarifaria se le deben a Afinia que atiende mercados como Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre.
Aplazar hoy, riesgo para mañana
Otros expertos consultados por Valora Analitik aseguraron que la nueva resolución del Ministerio de Minas y Energía publicada hoy lo que hace es aplazar las obligaciones de inversión y de infraestructura para las empresas que atienden a los usuarios en el Caribe colombiano.
De acuerdo con esos expertos, en Colombia existen metodologías definidas para la distribución y generación de energía en las que se compromete a las empresas a hacer inversiones para el mantenimiento y crecimiento de la infraestructura energética. Esas inversiones, dijeron, no se pueden cobrar a los usuarios en un solo pago, sino que deben ser incluidas en la factura a lo largo del tiempo.
A través de esos pagos, la empresa “se cobra” lo que invirtió en los planes que efectivamente ejecutó o planea ejecutar.
Agregaron los expertos consultados que, con la nueva resolución, se está reconociendo que las empresas como Air-e y Afinia que operan en la costa Caribe no tienen los recursos para hacer las inversiones que son necesarias para garantizar la prestación del servicio.
Dentro de la nueva resolución se estableció un plazo de aplazamiento de dos años para que las empresas no ejecuten esas inversiones. Pese a que les dieron ese plazo para no invertir, según los expertos, las empresas de comercialización seguirán recibiendo los mismos ingresos durante tres años.
En resumen, las empresas no van a ser “castigadas” por las autoridades, a pesar de que no van a invertir lo necesario no solo en infraestructura sino en cuadrillas de trabajadores, mantenimiento, crecimiento de las redes, entre otros rubros.
“Les están dando gabelas para no invertir, dejando un rezago de infraestructura y de inversión que afectará la prestación del servicio en el futuro”, dijo uno de los expertos consultados que pidió no ser citado.
El Gobierno, dijo, toma estas decisiones porque cualquier reducción en la tarifa o en el ingreso afectaría todavía más a la empresa y, por ende, al usuario.
El texto completo de la Resolución 40505 de 2025 se puede descargar haciendo clic aquí.
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