El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones de arroz y sus derivados provenientes de Ecuador. La medida hace parte de una serie de decisiones adoptadas por el Ejecutivo en respuesta a recientes tensiones comerciales entre ambos países.

Adicionalmente, el Gobierno determinó prohibir el ingreso de arroz ecuatoriano por vía terrestre. Esta restricción surge como reacción al incremento del 900 % aplicado por Ecuador a la tarifa del transporte de crudo colombiano, situación que derivó en un conflicto comercial de mayor alcance. Según las autoridades, las acciones buscan proteger la producción nacional y equilibrar las condiciones de competencia en el mercado interno.

Desde el Ministerio de Agricultura explicaron que estas disposiciones quedaron consignadas en un decreto elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El documento se encuentra actualmente en etapa de recepción de observaciones por parte de la ciudadanía y los sectores interesados, previo a su expedición definitiva, como lo establece el procedimiento normativo vigente.

El anuncio del Gobierno se produce luego de que la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) presentara una solicitud formal al Ejecutivo para adoptar medidas frente al incremento del tránsito de arroz procedente de Ecuador. De acuerdo con el gremio, se identificaron irregularidades en la comercialización del producto importado, lo que habría impactado negativamente los precios internos y afectado la estabilidad económica de los cultivadores nacionales.

¿Qué otras decisiones adoptó el Gobierno Petro?

Como complemento a estas decisiones, el Gobierno informó que se realizarán ajustes al régimen de libertad regulada de precios del arroz paddy verde, vigente desde el segundo semestre del año anterior. Las modificaciones estarán orientadas a las condiciones productivas previstas para la cosecha del primer semestre de 2026 y buscan brindar mayor transparencia y previsibilidad a lo largo de la cadena de comercialización.

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Entre los cambios anunciados se encuentra la actualización del precio base del arroz paddy verde, así como la fijación de un precio de referencia para el paddy seco. También se establecerán rangos mínimos y máximos para los servicios de secado, trilla y almacenamiento, con el objetivo de evitar cobros desproporcionados que afecten al productor. De igual forma, se definirá un precio mínimo que deberá ser reconocido cuando se apliquen descuentos por grano partido, una práctica que ha generado reiteradas inconformidades en el sector arrocero.

Las autoridades señalaron que estas medidas estarán sujetas a revisión y podrán ajustarse conforme avancen los diálogos entre los distintos actores de la cadena productiva. En ese contexto, se convocará durante la semana en curso una sesión del Consejo Nacional del Arroz, instancia en la que se evaluarán propuestas conjuntas y alternativas orientadas a superar la coyuntura actual y fortalecer el sector.