El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, volvió a poner sobre la mesa una iniciativa que, según el Gobierno Nacional, es clave para fortalecer la transición energética del país: incluir representantes de comunidades indígenas en las juntas directivas y como accionistas de los grandes proyectos de energía eólica y solar de La Guajira.
“Lo que las comunidades piden, con toda razón, es ser escuchadas, participar, y que parte de esa riqueza se quede en sus territorios. Por eso, he propuesto que las comunidades indígenas sean parte de las juntas directivas y también accionistas de los proyectos eólicos y solares que se están construyendo en La Guajira”, expuso el ministro Palma.
De concretarse la iniciativa, representaría un giro en el modelo de desarrollo energético del país, poniendo un mayor foco a las comunidades.
El Ministerio recordó que esta visión se alinea con las peticiones del presidente Gustavo Petro para avanzar en la transición energética “que no solo cambie la matriz energética, sino que corrija inequidades, repare históricas exclusiones y fortalezca la democracia territorial”.
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“No puede ser que por encima de una casa que no tiene energía pase una línea de transmisión”, apuntó el ministro Palma.
¿Por qué es una propuesta polémica para el desarrollo de los proyectos de energía renovable en Colombia?
Aunque la propuesta del Gobierno Petro fue bien recibida por líderes indígenas en La Guajira, expertos del sector aseguran que la decisión podría no ser conveniente debido a la falta de conocimiento técnico y regulatorio de dicha población.
Y es que esta propuesta no es nueva, el presidente Petro ya había hecho el ‘guiño’ a las empresas del sector eléctrico: hacer de las comunidades socias de proyectos de energía en pro de la transición energética y también del fortalecimiento de las poblaciones.
Incluso, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, habían anunciado la primera iniciativa en torno al Pacto por la Transición Energética (en el que cabe recordar fue firmado, en principio, con la comunidad indígena Wayuú). Proceso que finalmente se cayó.
En su momento, Alexandra Hernández, presidente de SER Colombia, le dijo a Valora Analitik que dicho pacto cubría -en primera instancia- a La Guajira: teniendo en cuenta los 22 proyectos que estaban mapeados para entrar en operaciones.
Sobre entregar una parte de las utilidades de estos proyectos a la comunidad Wayuú para que ésta se haga socia de las iniciativas, la líder de SER Colombia destacó que lo que primero se debía poner sobre la mesa es lo que está en la normatividad para la entrada de esos proyectos.
“Si uno suma entre impuestos, estas transferencias que impusieron que es por cada kilovatio que se genere y se venda, pues ya las comunidades van a participar con el 6 % de esos sin poner inversión, y el inversionista, realmente, va a recibir esa utilidad diez años después -que es el tiempo que se demora en recuperarse-”, precisó líder gremial.
Agregó que “mientras las comunidades empiezan a percibir desde el día uno que se vende ese kilovatio y ahí ya participan con el 6 % de esa venta. Además de los otros temas de compensación que salen de las consultas”.
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Para la experta, lo que hay que poner en la ecuación no es cuánto más hay que dar, sino ver cómo se hace para que sea efectiva esa participación y el uso adecuado de esos recursos para que, de verdad, lleguen a las comunidades.
“Las comunidades ya tienen un marco de participación importante que hay que hacerlo realidad, pero también en el marco de deberes y derechos -porque es un deber de las empresas y un derecho las comunidades-, pero también tiene que involucrar un deber de las partes: todos tenemos que apoyar porque esto es un incentivo para que los proyectos entren”, recalcó la presidente de SER Colombia.
En línea con las declaraciones que Hernández dio en su momento a Valora Analitik, si los kilovatios no entran las comunidades no van a recibir esa transferencia.
Para ella es necesario aclarar los mensajes: “no se trata de sumar y sumar, porque si no los proyectos nunca se van a dar, hay que hacer esto rentable para todos”.
Otras visiones de expertos en proyectos de energía
Valora Analitik había hablado con Juan Benavides, investigador de Fedesarrollo, sobre qué visión tenía del modelo de asociación en los nuevos proyectos de energía renovables en La Guajira y, para el analista, esto no es viable ni oportuno.
“El estado tiene la obligación de suministrar paquetes coordinados de bienes públicos regionales (salud + educación + servicios públicos + seguridad) para sacar a territorios de la trampa de pobreza. Las comunidades no tienen el tiempo, ni las habilidades gerenciales para gestionar activos complejos”, indicó.
Y agregó que éstas no deben tener la expectativa de convertirse en socias de las intervenciones en su territorio.
Entre tanto, aseguró que, si se permitiera la participación societaria de las comunidades, sería sobre bases arbitrarias y las empresas verían una disminución de su rentabilidad sobre la inversión por menores ingresos y por un mayor riesgo de intervención y bloqueo de las actividades.
“Las comunidades podrían asumir que la participación accionaria del tipo ‘acciones doradas’ con poder de veto sobre la operación y con aspiraciones de remuneración retroactiva”, advirtió el investigador de Fedesarrollo.
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Además, plantea un escenario que podría preocupar más al sector: en el pacto por la transición energética se habló de que este era firmado con la intención de, aparte de ayudar a las comunidades, sirva para apalancar los proyectos y destrabarlos.
Sin embargo, para Juan Benavides hacer socias a las comunidades de los proyectos no los destraba, “porque se abre una caja de pandora para mayores exigencias por parte de las comunidades”.
Adicionalmente, el experto había ratificado que “es inviable y preocupante porque generará una lucha entre comunidades y otros intereses especiales por la captura de rentas que, en un ambiente tan complejo como el de La Guajira, puede terminar en enfrentamientos internos”.
¿Qué dicen las comunidades?
Ante la iniciativa, Rafael Pana Epiayu, autoridad tradicional de la comunidad Riritana del municipio de Maicao, expresó que “es una excelente idea de parte del ministro Edwin Palma, del Ministerio de Minas y Energía. Los Wayuú sí estamos dispuestos a trabajar de la mano, de manera equilibrada, para tener una buena participación, no solo para mí o para la comunidad de Riri, sino para todo el pueblo Wayuú de La Guajira”.
Agregó que “lo que tenemos que hacer es ponerle acción, motivarnos a hacer las cosas como debe ser. Lo que es bueno para el país, lo que es bueno para las empresas, también debe ser bueno para nosotros como pueblo Wayuú”.
Como parte de la implementación de la política pública del Gobierno Nacional sobre transición energética, el Ministerio de Minas y Energía anunció la conformación de la primera instancia territorial de diálogo y seguimiento a la transición energética.
Esta instancia está actualmente integrada por 38 autoridades y líderes representativos de 431 comunidades indígenas Wayuú, ubicadas en las áreas de influencia de los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y Líneas de Transmisión (LT), que impactan directamente a los municipios de Uribia, Maicao y Albania.
En dichas reuniones también participaron empresas como: Isagen, ISA Intercolombia, AES Colombia, Enlaza filial del Grupo de Energía Bogotá, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y EDPR.
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Cabe recordar que en esta región hay proyectos con importantes retrasos en procesos de consulta previa, licenciamiento ambiental y con altos niveles de conflictividad entre empresas y comunidades.
