El Ministerio de Salud lanzó sus reparos frente a la ponencia alternativa de la reforma a la salud que fue radicada esta semana en el Congreso.
Según la entidad, esta iniciativa representa un retroceso para el financiamiento del sistema y amenaza con debilitar la garantía del derecho fundamental a la salud.
En comunicado señaló que, de ser aprobada, más de $60 billones de los impuestos de los colombianos se destinarían a las EPS durante los próximos cinco años, a pesar de que estas entidades arrastran graves problemas de insolvencia, deudas millonarias con clínicas y hospitales, e ineficiencia en el manejo de los recursos.
Para el Ministerio, la propuesta equivale a perpetuar un modelo de intermediación que concentra y devora el presupuesto público, poniendo en riesgo la atención oportuna y la vida de los ciudadanos.
Uno de los aspectos más cuestionados es que la ponencia mantiene la intermediación financiera de las EPS y traslada al Consejo Nacional de Salud funciones que constitucionalmente corresponden al Gobierno, como la definición del plan de beneficios y el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Además, advierte que la UPC dejaría de ser un instrumento para financiar servicios de salud y se convertiría en una herramienta para fortalecer patrimonios privados, incluso con el respaldo de estudios y validaciones a cargo de universidades extranjeras.
La cartera sanitaria también cuestiona que la propuesta privilegia indebidamente a EPS insolventes al cubrir sus deudas con recursos estatales, al tiempo que otorga al sector una “chequera ilimitada”, pues obliga al Estado a responder por cualquier exceso en el gasto.
A esto se suma el desconocimiento de un régimen especial para mejorar las condiciones laborales del personal de salud aprobado previamente en la Cámara de Representantes, lo que, según el Ministerio, perpetuaría la precariedad en que trabajan miles de profesionales.
Otro de los retrocesos señalados es la eliminación de recursos destinados a apoyar a más de 300.000 madres no cotizantes, quienes dejarían de recibir un auxilio durante la maternidad.
También se advierte la desaparición de la cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad de hospitales que dependen de la financiación estatal.
De acuerdo con el comunicado, la ponencia alternativa desconoce además la autonomía territorial y la descentralización administrativa, al otorgar a las EPS la organización de las redes prestadoras, lo que reduciría la capacidad de elección de los pacientes y reforzaría la integración vertical de las aseguradoras. En el mismo sentido, se denuncia que la atención primaria en salud quedaría desfinanciada, trasladando nuevas cargas fiscales al Estado sin modificar los privilegios de las EPS.
