Groenlandia no es un Estado soberano ni una región administrativa convencional. Es un territorio con parlamento y gobierno propio que controlan áreas como política económica, impuestos, recursos naturales, educación y asuntos sociales. Sin embargo, no ejerce soberanía: la defensa, la seguridad, la política exterior y la pertenencia a organizaciones internacionales siguen bajo control de Dinamarca, que además representa a Groenlandia en la OTAN.
En la práctica, esto significa que la isla decide sobre su desarrollo económico, pero no controla el uso militar de su territorio, un punto central para entender por qué Estados Unidos negocia con Copenhague, y no con Nuuk, su capital, cuando define a Groenlandia como un asunto de seguridad nacional.
Groenlandia en la Guerra Fría
El interés de Estados Unidos por Groenlandia es histórico y muy específico. Durante la Guerra Fría, Washington identificó que la ruta más corta para un eventual ataque soviético contra Norteamérica pasaba por el Ártico. Eso convirtió al norte de Groenlandia en una pieza clave para los sistemas de alerta temprana.
En 1951, Estados Unidos y Dinamarca firmaron un acuerdo de defensa que permitió el despliegue permanente de fuerzas estadounidenses en la isla. A partir de allí se desarrolló el complejo de Thule, hoy conocido como Pituffik Space Base, como parte de una red diseñada para detectar bombarderos y, posteriormente, misiles balísticos intercontinentales lanzados desde la Unión Soviética.
Durante las décadas siguientes, Groenlandia se integró a sistemas como la Distant Early Warning Line (DEW Line) y, más adelante, al Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS), fundamentales para anticipar un ataque nuclear desde el norte.
Ese papel no desapareció con el fin de la Guerra Fría. Hoy, Pituffik sigue siendo una base estratégica para Estados Unidos, integrada a los sistemas de vigilancia de misiles y de seguimiento espacial. La instalación alberga radares avanzados que permiten detectar amenazas balísticas y monitorear objetos en órbita, funciones que siguen siendo centrales para la arquitectura de defensa estadounidense.
A esto se suma un cambio: el Ártico dejó de ser un espacio congelado y periférico. El deshielo está ampliando rutas marítimas y aumentando el valor estratégico de corredores como la brecha GIUK (entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido), clave para el control del tránsito entre el Ártico y el Atlántico Norte. En ese entorno, también aparece el debate sobre minerales y recursos naturales, aunque Trump ha insistido públicamente en que su interés se limita a la seguridad nacional.
La coyuntura de Venezuela acelera el debate
En Washington, la discusión se reactivó tras la operación estadounidense en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, ese episodio fue presentado como una señal de determinación y capacidad operativa en política exterior.
En ese clima, Trump volvió a enmarcar su discurso en una lógica de control de activos estratégicos y seguridad hemisférica. El presidente habló de revitalizar la Doctrina Monroe, a la que se refirió como “doctrina Donroe”, y colocó tanto el caso venezolano como el debate por Groenlandia dentro de una misma narrativa de disuasión y poder.
Trump afirmó que Estados Unidos “necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional” y que la isla es “demasiado estratégica” para quedar fuera del control estadounidense, mencionando de forma directa la creciente presencia de Rusia y China en el Ártico. Desde la Casa Blanca, el mensaje fue reforzado al señalar que el gobierno evalúa “todas las opciones disponibles” para avanzar en ese objetivo, incluida la militar, y que se trata de una prioridad para la defensa del país. A diferencia de episodios anteriores, las declaraciones ya no se presentan como una idea exploratoria, sino como una posición formal del Ejecutivo, lo que explica la rápida reacción europea.
La reacción europea: soberanía y límites dentro de la OTAN
El endurecimiento del lenguaje desde Washington activó una respuesta política coordinada en Europa. Desde Dinamarca, la primera ministra Mette Frederiksen afirmó que Groenlandia “no está en venta” y advirtió que cualquier uso de la fuerza contra un país aliado tendría consecuencias graves para la OTAN.
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En Francia, el presidente Emmanuel Macron respaldó la posición danesa y subrayó que la soberanía y las fronteras no pueden modificarse por coerción. El excanciller alemán Olaf Scholz insistió en que cualquier discusión territorial debe darse exclusivamente por vías diplomáticas. Mensajes similares llegaron desde el Reino Unido, con el primer ministro Keir Starmer, y desde España, donde Pedro Sánchez se alineó con la defensa del derecho internacional. Polonia, a través de Donald Tusk, también respaldó la declaración conjunta.
Desde Groenlandia, el primer ministro Jens-Frederik Nielsen fue claro al rechazar cualquier comparación con Venezuela o escenarios de intervención militar y reiteró que el territorio no es un objeto de negociación.
Groenlandia vuelve a aparecer porque nunca dejó de ser relevante para la seguridad de Estados Unidos. Lo que cambia no es el valor estratégico de la isla, sino el contexto en el que se reactiva el debate: un Ártico más accesible, una competencia abierta entre grandes potencias y una Casa Blanca que vuelve a hablar en términos de control territorial y disuasión. El episodio venezolano aceleró el discurso, pero no lo explica por completo. Para Estados Unidos, Groenlandia sigue siendo una plataforma para anticipar amenazas desde el norte y proyectar poder en una región cada vez más disputada.
