El más reciente Boletín de Situación País traza un diagnóstico crítico sobre la seguridad en Colombia y conecta con los hechos de violencia que han marcado las últimas semanas.
Los más recientes ataques han sido el paro armado del ELN —que dejó al menos cinco muertos y ataques en 15 zonas del país— y la grave situación en Buenos Aires, norte del Cauca, donde una incursión armada y un hostigamiento sostenido contra la estación de Policía mantienen a la población en riesgo.
Grupos armados toman fuerza
El informe advierte que, desde 2022, los grupos armados organizados (GAO) han incorporado 10.158 nuevos integrantes, alcanzando 25.278 miembros en 2025, una expansión que coincide con la intensificación de ataques, confinamientos y disputas territoriales.
El Clan del Golfo duplicó prácticamente su tamaño al pasar de 4.061 a 8.945 hombres, mientras que el ELN creció de 4.099 a 6.450 integrantes, el mayor incremento desde 2016.
De acuerdo con René Morales, asesor & consultor en seguridad privada – SVSP, el fortalecimiento de estas estructuras se explica por el avance de economías ilegales —narcotráfico y minería criminal—, la disputa por corredores estratégicos y una presencia estatal considerada débil en amplias zonas rurales y periurbanas.
Ese reacomodo armado se refleja en los indicadores de violencia letal. En 2024, Colombia registró 13.393 homicidios, con una tasa de 25,4 por cada 100.000 habitantes, por encima del promedio regional de América Latina y el Caribe (20,2).
Para el periodo enero–septiembre de 2025, el Ministerio de Defensa reportó 10.220 asesinatos, 320 más que en el mismo lapso del año anterior. El 70 % de estos crímenes corresponde a violencia instrumental, asociada a crimen organizado, sicariato y narcotráfico.
Las principales ciudades no han sido ajenas a esta dinámica. Bogotá (805 homicidios), Cali (679) y Barranquilla (332) encabezan la lista, seguidas por Cartagena, Medellín y Cúcuta. El informe advierte que, de mantenerse esta tendencia, el repunte podría profundizarse en 2026, impulsado por economías criminales más sólidas y una menor capacidad estatal de disuasión.
Uno de los capítulos más alarmantes es el del secuestro, que entre enero y septiembre de 2025 aumentó 122,6 %, consolidándose como una renta criminal y un mecanismo de presión territorial. Las bandas criminales serían responsables del 47 % de los casos, seguidas por el ELN (40 %) y disidencias de las Farc (13 %). Departamentos como Cauca, Norte de Santander, Nariño, Valle y Arauca concentran la mayor afectación, en un contexto donde también crecen los cercos armados contra la fuerza pública, prácticas que el informe equipara a secuestros.
El impacto social es igualmente severo. Solo en septiembre de 2025, el desplazamiento forzado aumentó 149 %, con más de 3.300 personas expulsadas de sus territorios y 30.062 confinadas en un mes. Norte de Santander y Chocó concentran las cifras más altas, reflejando una expansión del control ilegal y una respuesta estatal insuficiente.
En el plano político, el boletín señala que la confrontación entre el Gobierno, la oposición y los organismos de control podría intensificarse hacia 2026, en un ambiente de alta polarización.
El documento concluye que, sin una recuperación territorial focalizada, una estrategia robusta de prevención del homicidio y una respuesta humanitaria sostenida, los indicadores de violencia seguirán en ascenso.
